Motivado a presuntos maltratos a los internos del Centro de Atención de Varones en Barinas, el lunes 3 de abril, la directora y tres custodios fueron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Ahora tendrán que enfrentar un proceso judicial.
Corresponsalía lapatilla.com
Andri Desiree Solórzano Linares, Lenny José Chirino Camacho, Humberto Ramón Aparicio y Hendry Yoel Quintero Galíndez, son los funcionarios privados de libertad, y que pudieran ser imputados por los delitos de tortura y encubrimiento, estipulados en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes.
Dos años después
En el mes de octubre de 2020, surgió la denuncia en el Centro de Atención de Varones de Barinas, cuando la directora era Jazmín Martínez, que no se encuentra entre los detenidos.
En su momento se procedió con una visita de las autoridades al recinto, donde se encontraban los padres y representantes de los internos.
La molestia evidente de los familiares, obligó a escuchar los testimonios de estos que alegaron que los internos presentaban desnutrición. Aparte denunciaron que estaban recibiendo maltrato físico.
No aceptaban una deficiente alimentación y, aseguraron que se les exigía “carne de res seca, costillas y queso, en otros productos, en grandes cantidades”, como lo reseña una nota de prensa de entonces.
De los presuntos maltratos, hace dos años y medio, los padres y representantes dijeron que a sus hijos los agredían física y psicológicamente. Como castigo les colocaban una almohada y eran golpeados con una tabla.
También aseguraron en 2020, que el custodio que se encargaba de aplicarles el castigo, les pegaba con una Biblia por la cabeza y los amenazaba diciéndoles que si hacían comentarios sobre esto, les iría peor.
Posterior a las primeras denuncias formuladas por los padres y representantes ante el Ministerio Público en Barinas, no habían podido ver a sus hijos. Solo recibían llamadas telefónicas para pedirles comida y medicamentos.
El proceso judicial
Los funcionarios que están detenidos serán presentados ante un juez, quien decidirá su destino inmediato.
No se descarta una nueva orden de aprehensión por los mismos hechos en contra de un funcionario que no está en el grupo de los que actualmente se encuentran privados de libertad.