El régimen de Nicolás Maduro solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI), encargada de llevar el caso Venezuela I sobre crímenes de lesa humanidad, que se les permita responder al informe sobre las opiniones de 8.900 víctimas que solicitan la reanudación y ampliación de la investigación.
Por Tal Cual
En una carta del pasado 25 de abril, firmada por el diplomático chavista Yván Gil, el régimen venezolano sostiene que esta autorización para responder se justifica debido a que el informe presentado por la Sala de Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) “plantea nuevos problemas” que no estaban previstas antes de conocer dicho escrito.
Además, el régimen alegó que el informe de la VPRS “presenta hechos de presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial interno venezolano”.
El funcionario Gil considera necesario que Venezuela pueda responder “en detalle a cada una de estas alegaciones” ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Para entregar dichas respuestas, la administración Maduro pide a la Sala un plazo hasta el 30 de mayo para poder entregar sus reclamos.
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