Para sacar alguna conclusión provechosa para los venezolanos de lo que está sucediendo en Chile con el proceso Constituyente, es necesario revisar esa experiencia en las dos etapas que ha tenido, confrontándolas con las expectativas que la gente tuvo de poder llegar a solución de sus problemas a través de la vía Refundacional.
Un proceso Constituyente que se da en una sociedad democrática y políticamente construida como la chilena, tiene una lectura completamente distinta si se plantea en una sociedad deshecha y arrasada como la venezolana, por lo que establecer comparaciones y sacar conclusiones de un proceso como ese en Chile, tiene una distancia medida en años luz que hacerlo en una Venezuela gobernada por delincuentes. Sin embargo, existen aspectos que se pueden revisar sin generalizaciones equivocadas.
En primer lugar, sin ninguna duda los procesos Constituyentes fueron utilizados de una manera artera por la izquierda internacional del Foro de Sao Paulo para desestabilizar los gobiernos en Latinoamérica luego del éxito obtenido por Hugo Chávez en 1999 en Venezuela. De allí que la herramienta Constituyente para la Refundación del Estado se haya desnaturalizado a los ojos de todo el mundo, y servido para perpetuar regímenes autoritarios con la excusa de la soberanía popular. El Socialismo del Siglo XXI está construido sobre esos cimientos, y ha provocado corrupción ilimitada, pobreza extrema, hiperinflación y éxodo masivo de nuestra población.
En 2019, Chile se vio envuelto en una prolongada protesta social provocada por los mismos factores radicales que hicieron posible la llegada de Gabriel Boric al poder, blandiendo la carta constituyente como respuesta a las diferencias sociales que sufría el país, y que utilizando una narrativa semejante a la sostenida por el golpista Hugo Chávez en 1998, convenció a la población de la necesidad de convocar al proceso Constituyente para resolver esas diferencias.
Pero a diferencia de lo ocurrido en Venezuela, la barbaridad planteada en el texto constitucional sometido a la consideración del pueblo chileno por la mayoría Constituyente, fue rechazado por el 62% de la población, en fecha 4 de septiembre de 2022: “En retrospectiva, se puede decir que la Constitución propuesta tenía fallas desde el principio y que intentaba cimentar una determinada visión política del mundo en vez de encaminar las reformas tan importantes para el país. En particular, puntos como la abolición del Senado, la restricción de los derechos del Tribunal Constitucional y la ponderación desproporcionada de los votos de la población indígena provocaron resistencia en la mayoría de los chilenos. También se criticó la falta de experiencia política de los miembros electos de la Asamblea Constituyente…” (ver Diálogo Político, La derrota del gobierno de Gabriel Boric, en https://dialogopolitico.org/
Sin embargo, a pesar de la opinión de algunos expertos que indicaban que el pueblo ya había zanjado con ese plebiscito el cambio de la Constitución, los factores políticos del Congreso chileno convinieron que Chile debía tener una nueva Constitución: “ya que el pueblo así lo había decretado en el plebiscito del año 2020. Por lo tanto, se instaló que la idea colectiva de una nueva carta magna no debía fracasar” (ver Diálogo Político, ¿Cómo llegó Chile a este punto?, en https://dialogopolitico.org/
Este proceso tuvo un hito crítico importante con la elección, el pasado domingo 7 de mayo, del Consejo Constituyente de 50 representantes electos por el pueblo chileno, a los fines de decidir aprobar o rechazar el anteproyecto presentado por una Comisión Experta. Esos resultados le dieron un triunfo contundente a la derecha chilena del partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, principal contrincante en las últimas elecciones del actual presidente del país, Gabriel Boric, sacando definitivamente al proceso Constituyente de Chile en sí mismo de la agenda de la izquierda latinoamericana del Foro de Sao Paulo, que llevo al país precisamente a ese proceso.
Quedará en manos de esos nuevos representantes del pueblo, con mayoría de derecha, cambiar o no la vigente Constitución, basados en el Anteproyecto que presente la Comisión Experta, y que no es “la Constitución de Pinochet”, como indica la narrativa del radicalismo de la izquierda, ya que esa Constitución vigente ha sido modificada en repetidas oportunidades desde 1980, ajustándola permanentemente a la situación del país.
El caso chileno da algunas enseñanzas al resto de los países latinoamericanos que estamos tratando de solucionar la grave situación política que confrontamos, y donde en algunos casos, como el de Venezuela, en la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, creemos que un proceso Constituyente podría resolver, no solo la crisis institucional creada por Hugo Chávez y su nefasto sucesor, sino establecer las bases para la reconstrucción del país.
Chile llegó al proceso Constituyente de una manera forzada, no para resolver un problema económico porque ya de hecho ostentaba -y ostenta- los mejores indicadores de desarrollo de Latinoamérica, sino para resolver políticamente cómo permear esa riqueza equitativamente entre la población, disminuyendo las diferencias sociales a través de un nuevo Pacto Social de convivencia que les permitiera soluciones inmediatas en todos los órdenes a sus ciudadanos, como salud, educación y seguridad social. ¿Necesitaban los chilenos una Constituyente para eso? No lo sé, pero las fuerzas que eligieron el 7 de mayo para eso lo decidirán.
Pero de lo que sí estoy seguro, es que los venezolanos no la necesitábamos en 1999, y nuestro resentimiento hacia la clase política de ese entonces, por el olvido sostenido de ellos hacia los problemas de la población, logró que Hugo Chávez con una bandera fatua acabara con la institucionalidad conocida, metiéndonos en un hueco negro del cual aún no salimos. Es por eso que si hay algún lugar del planeta donde hace falta un proceso que haga borrón y cuenta nueva a lo que sucede aquí, ese es Venezuela.
Pero eso no puede pasar sin saber cuál es la maqueta del Estado que deseamos construir después que esta mafia delincuente destruyera la institucionalidad del país. No es posible construir las bases de un Estado sin tener una idea precisa del Estado que se desea. Es por eso que le planteamos a Venezuela previamente un proyecto de un nuevo Estado, El Gran Cambio, muy diferente del que existía antes de 1999 y del que existe ahora, que debe ser discutido y aprobado por una representación legítima del pueblo venezolano a través de un proceso Constituyente (ver El Gran Cambio, Una propuesta para la Refundación de Venezuela, en https://ancoficial.blogspot.
Lamentablemente, dejamos de ser un país con las instituciones sólidas de Chile, ni la madurez de su dirigencia política, porque estas fueron dinamitadas por quienes usurpan el poder. De allí que sea imposible desde un Congreso de dos Cámaras tener previamente un Anteproyecto constitucional de consenso entre todas las fuerzas políticas, como el que se presentará a la consideración del Consejo Constitucional de Chile. Pero si podríamos tener un consenso del país nacional en torno a un proyecto Constitucional como una solución concertada, que refleje una decisión firme y unificada de los venezolanos frente a una Comunidad Internacional que no acaba de entender que el país nunca alcanzará una salida mientras exista una mafia delincuencial que no desea abandonar el poder por ninguna vía, y menos la electoral. En otras palabras, un Proyecto primero que todos acordemos, para debatirlo en una Constituyente después. Y entre todos discutir el cómo llegamos hasta allá a pesar de la tiranía. Esa es nuestra dura realidad. ¿Será eso mucho esperar de lo que queda de la dirigencia política decente del país? Mientras no afrontemos esa realidad, más tarde saldremos de la pesadilla…
Caracas, 11 de Mayo de 2023
Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/
Email: [email protected]
Twitter:@laguana