A medida que Estados Unidos comienza a imponer reglas fronterizas que dificultan que los migrantes soliciten asilo, es muy probable que muchos reciban una rápida deportación a México, donde estarán expuestos a grupos criminales y funcionarios corruptos, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El papel que México desempeña como brazo ejecutor de Washington para disuadir a los migrantes de dirigirse ilegalmente a Estados Unidos a través del territorio mexicano será más significativo con la expiración, el jueves 11 de mayo, de una política de la era de la COVID-19 conocida como Título 42, la cual detuvo la entrada de muchos migrantes en la frontera y le permitió a las autoridades estadounidenses expulsarlos con rapidez.
En conversaciones la semana pasada con el gobierno de Joe Biden, México dijo que aceptaría que inmigrantes no mexicanos fueran enviados de regreso desde Estados Unidos bajo las nuevas reglas y les tramitaría el asilo mexicano.
Pero si el sistema de asilo en Estados Unidos está plagado de retrasos, la situación en México es igual de precaria, con casos de asilo que duran años sin resolución.
Además, muchos migrantes expulsados a ciudades mexicanas a lo largo de la frontera con Estados Unidos enfrentan horrores diarios a manos de organizaciones criminales y, en algunos casos, de las mismas agencias gubernamentales en las que Washington se está apoyando para ayudar a mitigar el flujo de migrantes en la frontera, según organizaciones de defensa de derechos humanos.
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