Un día antes de que el Título 42 saliera de vigencia, el 11 de mayo, Ron DeSantis firmó una ley para regular la inmigración que encendió el temor de muchas personas indocumentadas que hacen vida dentro de Florida. Como parte de una batería de normas dictadas previo a su lanzamiento como precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en 2024, el gobernador dictó la CS/SB 1718.
Por La Nación
La preocupación de los inmigrantes aumenta conforme se acerca el 1° de julio, fecha en que la norma entrará en vigencia y que acarrea, entre otras cosas, penas de prisión para aquellos que trasladen inmigrantes dentro del estado y multas para aquellos que contraten en sus empresas personas sin documentos.
Tal es la conmoción que esta norma ha despertado, tanto en Florida como en el resto del país, que la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés), la más antigua del país, alertó acerca de los peligros de visitar el estado sureño tras la aprobación de la ley.
Además de las sanciones que se establecen para los empleadores y sus empleados, la CS/SB 1718 le otorga a DeSantis un presupuesto de 12 millones de dólares para activar iniciativas de reubicación de migrantes en otros estados, muy similar al polémico traslado de personas el año pasado a Martha’s Vineyard.
-¿Qué se espera a partir de la entrada en vigencia de la ley?
Es probable que esta ley sea desafiada en las cortes y seguramente se presenten demandas contra esta por inconstitucionalidad. Desde ya, genera mucho revuelo. La CS/SB 1718 afecta a empleadores, inmigrantes irregulares y también regulares. De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria, en Estados Unidos hay cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados y en Florida viven muchos de ellos.
Un problema que se evidencia en Florida es que los empresarios no consiguen mano de obra, esto es, personal no calificado. Debido a esto, muchas veces contratan inmigrantes sin documentos y eso, bajo esta ley que propuso DeSantis, y que ya fue aprobada por el Senado del estado, impone sanciones muy graves, multas e incluso responsabilidad criminal, es decir, penal.
-¿Es esta la ley relacionada con inmigración más severa de Estados Unidos actualmente?
Se trata de una ley estatal, no federal, por lo que impacta solamente en Florida, pero sí es muy relevante porque en ese estado hay muchos inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica. Como medida restrictiva no es tan severa en términos de lo que plantea, que es que no se contraten inmigrantes que no estén en regla, que en realidad es una norma lógica.
No obstante, se enfrenta a una realidad, que es que hay 11 millones de indocumentados y el gobierno federal no los deporta porque es un proceso que cuesta más o menos unos 8000 dólares. Muchas de las personas sin documentos trabajan e incluso pagan impuestos.
También existe una franja de prioridad de deportación, que abarca a las personas que no están documentadas, que ingresaron ilegalmente al país y además cometieron algún delito. Esas sí son susceptibles de ser expulsadas, pero luego, a la mayoría de los inmigrantes les aplican el prosecutorial discretion, es decir, el Estado tiene la discrecionalidad para hacerles una persecución fiscal. No son deportados por decisión del Estado, porque cuesta dinero y de alguna manera les beneficia que estén ahí.
Entonces, como ley no es tan severa, porque no se plantea nada muy descabellado, sino regularidad en las personas que se contratan en Estados Unidos y que los empleadores, cuando contratan a alguien, tienen que registrarlo en un sistema que se llama E-Verify, que ya existía, pero ahora los requisitos son un poco más estrictos.
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