Aunque tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como el de Venezuela, Nicolás Maduro, se han tomado interés en establecer que los modelos de “socialismo” que presiden tienen poco o ningún parecido, no cuesta trabajo admitir que “por ahora” las cosas que suceden en la política y la economía de los países hijos de Bolívar coinciden en poco o nada.
Para empezar, Colombia ha sido en sus doscientos años de historia republicana uno de los países de la región con una economía casi totalmente privatizada, en tanto Venezuela, tan pronto comenzó a regularizar la suya con la aparición de la riqueza petrolera, pasó a ser un ejemplo de economía estatizada para todos los hermanos del Continente.
Fue así como durante todo el siglo XX, Colombia pasó a ser el “hermano y vecino pobre” de la unión grancolombiana, en cambio Venezuela era un hermano rico que, en no pocas oportunidades, prestó su territorio y bonanza para aliviar, generosamente, las crisis y dificultades del menos favorecido.
Ello también explica que durante el siglo pasado los choques y conflictos de clases se hicieran en el país de Santander tan crueles e incontrolables que algunas veces se temió lo desintegraran, en cambio que Venezuela, no solo vivió una casi inalterada paz social durante 70 años, sino de un largo ciclo de prosperidad económica que era un ejemplo en el mundo.
Dos visiones de realidades políticas y sociales que trajeron el resultado de que, cuando en el sur del “hermano país” un grupo de campesinos liderados por el caudillo, Manuel Marulanda Vélez, crearon a comienzos de los años 50 un ejército popular para derrocar la “oligarquía”, las FARC, se encontraron con una clase de hacendados, y sectores de las clases media y campesina que resistieron con un coraje indoblegable que, solo 60 años después, en el 2021, firmaron con el establecimiento democrático un “Acuerdo de Paz” que casi los reconoció como “coganadores” de la guerra.
No sucedió lo mismo en la estatizada, socialdemócrata y partidista Venezuela, en la cual, después que un grupo de militares de baja graduación (prácticamente: una sargentada) intentó un frustrado golpe de estado el 4 de febrero de 1992, dio inicio a un desplome acelerado del status quo, a retroceder frente a las propuestas de los insurgentes de poner fin a la configuración “civil” de la República, para sustituirla por otra “militar”, y así, ocho años después, el teniente coronel, Hugo Chávez, que era “el Marulanda” que lideraba estos “cambios”, tomó el poder tras unas elecciones presidenciales y meses después convocó a una “Asamblea Constituyente” que empezó a pulverizar el sistema democrático instaurado el 23 de enero de 1958 por Rómulo Betancourt y otros líderes de la “Generación del 28”.
Pasaron, entonces, a invertirse en el siglo XXI los roles que habían jugado Colombia y Venezuela en el siglo XX, pues mientras la primera fue una “democracia” que luchó con un coraje sin par contra un ejército guerrillero y socialista que buscaba establecer una dictadura marxista, Venezuela pasó a ser la cabeza de puente de una cruzada “revolucionaria” secundada por Cuba que se propuso, no solo estatizar al país de Bolivar, sino a todo el Continente.
Y lo habría logrado en aquellos años tempranos de los 2000, si Colombia con los presidentes democráticos, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, no plantan cara a Chávez -y al grupo de jefes de Estado que había financiado “por la vía electoral” para que tomaran las presidencias de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Nicaragua-, para que Colombia continuara con su democracia “intocada”.
Atrincheramiento que empieza a cambiar en el 2010, cuando Uribe es sucedido por su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el cual, traiciona los ideales de su jefe y promotor, se hace aliado de Chávez y los hermanos Castro de Cuba y firma con las FARC un “Acuerdo de Paz” que casi las conviertan en las ganadoras de la guerra civil “no declarada”.
Podemos decir que la presidencia de Gustavo Petro en Colombia es un resultado de este “Acuerdo” y que los hermanos colombianos se encuentran en la misma situación en que se encontró la democracia venezolana cuando Chávez dio el golpe de Estado frustrado del 4 de febrero de 1992.
Pero con la mala noticia para Petro de que “ayuda” desde “la socialista” Venezuela no encontrará, pues este país, después de 24 años de economía hiperestatizada y con un dictador, Nicolás Maduro -que sustituyó a Chávez después de su muerte el 5 de marzo del 2013-, es un país en ruinas, con su industria petrolera destruida por el vandalismo marxista, siete millones de venezolanos que ruedan por el mundo en calidad de exilados y sin capacidad para pruducir ni exportar cualquier otro producto que no sean las cientos de toneladas de cocaína que llegan de Colombia.
De modo que, los movimientos de Petro para que Colombia se vaya despidiendo de su economía privatizada y vaya haciéndose un país más y más estatizado, recibirá poca ayuda de Venezuela que, 23 años después de haber establecido el socialismo, está ya en el mismo rango de la esclavizada Cuba, y sobrevive apenas con ayudas, créditos subsidiados y deudas impagas de la comunidad internacional.
Tiempos de corrupción sin medida ni control entonces, como las vivió y las sigue viviendo Colombia, de “raspar la olla”, como se dice coloquialmente en Venezuela, y el escándalo que vive ahora el “hermano país” y que empieza a conocer como el “Proceso 15.000” es un buen ejemplo.
En este caso de trata de un suceso recientísimo, de hace unas semanas y su trama parece copiada de una colección de cuentos de ficción de Poe, Borges o Bioy Casares y se refiere a unos 7000 dólares que se pierden en la casa de la Directora del Despacho Presidencial de Petro, la Abogada, Laura Sarabia.
La señora Sarabia acusa del hurto a la niñera de su hijo, la doméstica, Norelbys Meza, la cual es detenida por agentes de la “Oficina de Prevención Anticipada de la Presidencia”, que funciona en el piso 9 del Palacio de Nariño, donde es conducida y en un sótano es estorturada para que confiese y se le somete a Polígrafo.
La señora Meza se mantiene inconfesa, es devuelta a su lugar de trabajo, donde vive con Laura Sarabia y su hijo y de ahí a llama al embajador de Petro en Caracas, Armando Benedetti y le cuenta lo sucedido, quien contrata un avión privado para que la traslade a Caracas y ya, en conocimiento de los hechos, entra en furia y por celular llama a Bogotá, se lanza a un ataque furibundo donde acusa de traidora a Sarabia, llama incompetente a Petro y añade que no le tiene miedo porque puede hablar y contar de donde salieron los recursos para que Petro financiara su campaña “y ahí si vamos presos todos”.
La grabación de Benedetti llega a los medios radiales y televisos de Bogotá, son ampliamente difundidos, los 7000 dólares se convierten, primero, en 30.000, después en 130.000 y ya van por 3.000 millones de pesos.
Petro, ya aturdido y como acorralado, sustituye de sus cargos a Sarabia y Benedetti y cuando todo parece que tomará un cauce normal, el Jefe de la Oficina de Prevención Anticipada de la Presidencia, el coronel, Oscar Dávila, se suicida o es “suicidado”.
Y hasta aquí las principales lineas del escándalo mayor que ha rodeado a Petro en sus diez meses de gobierno, solo comparado a otro que se vive en Caracas desde el 3 de marzo pasado, cuando el presidente, Maduro, denunció en cadena de Radio y Televisión, que Tareck El Aissami, presidente de la estatal petrolera, PDVSA, era el responsable que de la principal empresa del país, se hubiesen desaparecido 21.348 millones de dólares.
En Caracas, El Aissami está presuntamente detenido y 60 de sus cómplices ya han sido llevado y acusado en los tribunales.
Pero Venezuela lleva una semana sin gasolina, a Colombia le esperan meses de crisis y escándalos mientras no aparezcan los 3.000 millones de pesos y los dos países continúan, en virtud de la anarquía y corrupción que generan los regímes socialistas, cayendo hacia un fondo cuyas características no nos atrevemos a describir.
Por lo menos no más allá del titulo de este artículo: “Dos modelos socialistas y una sola corrupción”.