España se ha convertido en el país con más laudos internacionales impagados del mundo a inversores extranjeros en renovables en nuestro país que se vieron afectados por el recorte a la rentabilidad anunciada llevada a cabo por el Ejecutivo en 2013.
Por Javier González Navarro | ABC
Así lo ha adelantado Nikos Lavranos, experto jurista internacional, coautor de la publicación European Investment Law and Arbitration Review que elabora la clasificación de países con más laudos impagados. Hasta ahora, España ocupaba el segundo lugar, tras Venezuela, y por delante de Rusia. Sin embargo, la acumulación de arbitrajes perdidos e impagados por el Estado español hace que, en estos momentos, nuestro país sume 55 laudos en contra con unas indemnizaciones en total de 1.200 millones de euros. Rusia sigue ocupando el tercer puesto.
A esa cifra hay que sumar otros 119 millones de euros como intereses del principal y 129 millones por las costas legales de los centros de arbitraje, como el Ciadi, del Banco Mundial.
Lavranos explicó en una conferencia internacional sobre inversión y seguridad jurídica en la energía renovable que “tarde o temprano España tendrá que pagar. Cuanto más tarde, será más caro para los contribuyentes”.
Por su parte, Nick Cherryman, abogado del despacho neoyorquino Kobre & Kim, experto en arbitrajes, afirmó que el hecho de que España no quiera pagar “es un gran error desde el punto de vista financiero”. Y subrayó que en los arbitrajes a los que se ha sometido España han participado más de 100 jueces reconocidos internacionalmente y aceptados por todas las partes en los litigios. “El Estado español debe pagar y respetar la ley”, añadió este letrado con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la resolución de disputas entre estados a través de los arbitrajes.
También participó en esta conferencia Lena Sandberg, socia del bufete californiano Gibson, Dunn & Crutcher y especialista europea en ayudas de estado, ya que uno de los argumentos utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica para no pagar es que si abonaran las mencionadas indemnizaciones podrían suponer ayudas de estado consideradas ilegales por la Unión Europea. Sandberg destacó que “España tenía el mismo sistema de primas a las renovables, por cierto, muy generosas, que otros países”, y subrayó con rotundidad que “esas indemnizaciones no son ayudas de estado”.
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