Una vez más, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo su pronunciamiento, su informe, basado en la información recopilada, escuchada y verificada en Venezuela. Siempre debemos agradecer esos pronunciamientos que visibilizan en mucho nuestra situación, así como la presencia en Venezuela de los diligentes y abnegados funcionarios de la ONU.
El informe pretende ser exhaustivo y posee desde luego la gran mayoría de las aristas en las afectaciones de los DDHH en Venezuela. Sería muy extenso referirme a todos los aspectos en este artículo, así que aunque después me refiera en otros a temas de sumo interés para mí y para los vanezolanos, centraré aquí mi atención en cuanto a lo mencionado sobre la educación y algunos pasajes del informe que sobre ella repercuten.
En principio salta a la vista el reiterado interés de la ONU por contrariar las sanciones, sin tomar en cuenta que las mismas tienen por objetivo justamente tratar de doblegar al régimen en sus violaciones a los Derechos Humanos. Un aspecto llamativo del informe es que usa ladinas maneras, eufemísticas, para dar cuenta del asunto: “los desafíos persistentes y otros factores” continuaron afectando negativamente los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud”. Ignora que el régimen de Maduro usa y se aprovecha de la excusa de las sanciones para tapar la corrupción y su incidencia en la afectación de esos servicios y los DDHH.
Estupenda me parece la mención a que los profesores y el personal no pueden sobrevivir con sus salarios, lo que los obliga a buscar fuentes alternativas de ingresos y a abandonar la profesión. Llama a las autoridades a garantizar el disfrute al derecho a la educación “entre otras cosas garantizando la provisión adecuada de recursos financieros, humanos y de infraestructura”. Al referirse al presupuesto universitario señala que solo se reciben entre 1 y 2% del presupuesto asignado, pero no indica que en el mejor de los casos, a alguna universidad de le asigna solo hasta el 10 por ciento de lo necesario para funcionar.
En cuanto a la libertad de asociación, se refiere muy bien a los sindicalistas presos por protestar y exigen la liberación y debidos procesos judiciales así como la derogación de la Ley del Odio que a veces sirve para procesar a quienes marchan o alzan su voz en protesta por los derechos laborales. Pero hace caso omiso a la vulneración de la libertad de asociación y sindicación que significa el quedarse con los aportes de nuestras asociaciones, sindicatos, cajas de ahorro en IPP, en retenciones indebidas por más de año y medio o dos años.
Finalmente, el informe en sus conclusiones refiere la educación como derecho que debe ser garantizado y las libertades de asociación y sindicación que siguen vulneradas en el país. Resulta de suma importancia el destacado papel en el informe en procura de la protección de los derechos educativos en Venezuela, pero hay detalles que deben ser corregidos o precisados para lograr una mejor y mayor incidencia en la procura de la consecución del logro: una mejor y mayor atención del derecho a la educación, los derechos laborales y los derechos a la sindicación y la asociación.