La mayoría creemos en ella, por convicción democrática, porque es la vía constitucional, legal y civilizada. Porque es la que más conviene al país. Un país que necesita reconstruirse y reconciliarse y, de alguna manera, también necesita perdón y olvido, sin menoscabo de la justicia.
Desde la oposición la vía de las primarias, con todos sus riesgos, es una prueba de la vocación democrática de los participantes y el deseo de darle su valor al voto, como vía legal y legítima que tiene la soberanía popular para participar, expresarse y representarse. Tiene que ser un compromiso firme de los grupos y partidos políticos participantes en las primarias, de apoyo leal y firme al ganador o ganadora. Después vendrá el programa político de gobierno concertado y en el que las expectativas populares sean oídas, así como las urgencias nacionales; y en el que las propuestas de solución a los muchos y complejos problemas que nos acompañan y padecemos sean atendidos desde la razón política, económica y tecno-científica-profesional, y se evite, a toda costa, demagogias y populismos que dan votos en el corto plazo, pero crean desengaño, desilusión y desesperanza en la población, campo propicio para la muerte de la democracia y prevalencia de dictaduras y tiranías futuras.
En paralelo la oposición debe plantearse el problema de la gobernabilidad que exige acuerdos plurales e inclusivos, sin sectarismos ni exclusiones desestabilizadoras. Fuerzas Armadas y policiales son necesarias para la gobernabilidad, pero como institución sometida a la Constitución y leyes respectivas, y con total subordinación a las autoridades civiles. Igual con la nueva oposición, previsiblemente de darse el cambio de gobierno y alternancia democrática, las fuerzas representadas hoy en el régimen del PSUV que sí asumen una conducta política democrática, deben ser toleradas y respetadas como parte importante del sistema político.
Este es o debería ser el escenario político ideal, pero falta que la realidad en curso lo haga posible y ello es responsabilidad primordial del régimen, y, por lo que se ve, no hay voluntad política de ceder el poder y el gobierno. La sola frase “no volverán” es elocuente o, peor aún, la amenaza repetida de que no se irán ni por las buenas ni por las malas. Me gustaría creer que es una frase radical para atemorizar a los adversarios y complacer a los radicales de ambos bandos, que los hay, y que preferirían caminos tradicionales de violencia y golpes de Estado.
Si esta larga crisis se resuelve por vía democrática sería la primera vez en nuestra historia que “la solución civil” prevalecería sobre “la solución militar”; un avance político y civilizatorio fundamental. Lamentablemente, las señales del régimen no son tranquilizadoras y parecen apuntar más en la dirección de la confrontación y el uso de los diversos poderes que controlan para entorpecer y sabotear un proceso que debería ser de rivalidad democrática, sometido a leyes y reglamentos respectivos y no a la arbitrariedad del gobernante y sus servidores. La otra señal que preocupa, y debería ocupar a la dirigencia opositora, es el “camino” de las inhabilitaciones o, como se ha dado en llamar, “el camino de Ortega” para imponer la dictadura sin disimulo ni máscaras en Nicaragua.
Esta importante coyuntura política-electoral 2023-2024 debería permitir, de manera pacífica y democrática, la posibilidad de una alternancia en el poder y el gobierno, compitiendo en un proceso electoral legal y transparente y con ello abrir la puerta de las “soluciones” a nuestros muchos problemas que nos agobian a la mayoría. Soluciones hay: unas en el corto plazo y otras en el mediano-largo plazo, pero sin el cambio de gobierno y de políticas no veo solución alguna sino un horizonte macabro, de autoritarismo creciente y todo igual, empeorando.