Una clínica privada ubicada en Catia, al oeste de Caracas, fue objeto de una medida cautelar de cierre emitida por el tribunal municipal del área Metropolitana de la capital.
Por lapatilla.com / Con información de Alberto News
Según el fallo judicial, la Unidad de Diagnóstico Pérez Bonalde ha estado ofreciendo servicios médicos sin contar con los permisos de funcionamiento requeridos por la ley.
Además, según expone el tribunal, se descubrió que la clínica operaba bajo la apariencia de una empresa de venta de equipos médicos, sin cumplir con los requisitos y autorizaciones exigidos por el Ministerio de Salud para llevar a cabo actividades asistenciales.
El fallo también reveló que los medicamentos entregados y aplicados en la clínica no contaban con los controles y verificaciones del Estado venezolano, lo que plantea serias dudas sobre su autenticidad y calidad.
Una fuente cercana al caso reveló que el propietario del establecimiento reside en la ciudad de Miami y alega contar con la protección de altos funcionarios del régimen, incluyendo magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y generales de la Fuerza Armada Nacional. Esta presunta impunidad ha puesto en peligro la salud de la población al permitir que la clínica opere al margen de las leyes y sin los controles legales necesarios.
En los próximos días, se espera que las autoridades sanitarias emitan un pronunciamiento oficial sobre este caso y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.