Varios organismos de las Naciones Unidas emitieron este martes un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por el que consideraron un nuevo caso de vulneración de derechos a una menor de 11 años, que quedó embarazada a raíz de una violación y se le ha negado el acceso al aborto terapéutico en Perú.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifestaron su “profunda preocupación” por el caso de una niña de 11 años, identificada con el pseudónimo de Mila, quien desde los siete años ha sido violentada sexualmente por su padrastro y que a la fecha tiene 17 semanas de gestación.
Informó, en un pronunciamiento, que la Unidad de Protección Especial de la región Loreto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó al Hospital Regional de esa jurisdicción el acceso de la menor al procedimiento de aborto terapéutico, pero la solicitud ha sido negada por una junta médica.
Recordó que en un caso similar de negación de acceso al aborto terapéutico en embarazo por abuso sexual, conocido como el caso “Camila”, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) determinó, en junio pasado, que Perú había violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural de 13 años, víctima de violación, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
El Comité señaló que “en el caso de niñas embarazadas debe valorarse la afectación especial y diferenciada de la salud física y mental que supone el embarazo en la niñez”.
Asimismo, enfatizó que el embarazo conlleva para la vida de las niñas un riesgo particularmente importante y una afectación potencialmente grave en su desarrollo y proyecto de vida.
Sólo entre enero y febrero de este año se reportaron 8.381 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, de esa cifra 33 % fueron de violencia sexual y 70 % de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres, según cifras del Ministerio de la Mujer.
El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura han exhortado, desde el 2005, al Estado peruano a adoptar medidas para asegurar el acceso a recurso efectivo en estos casos y evitar que situaciones de vulneración de derechos de niñas y adolescentes, como Camila y Mila se repitan por constituir violencia por razones de género y constituir un acto de tortura, o trato cruel, inhumano y degradante.
En tal sentido, instaron a las autoridades peruanas a reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual, este derecho, “con procedimientos seguros y pertinentes a su edad, y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico”.
Igualmente, pidieron al Estado peruano que asegure el acceso a servicios de salud física, acompañamiento en salud mental y cuidado en un espacio familiar que les permita restituir sus derechos a la educación y a una vida libre de violencia para que puedan tener un desarrollo integral.
Los organismos de Naciones Unidas recordaron a las autoridades y a la opinión pública que “la maternidad forzada derivada de una violación sexual en niñas y adolescentes no es voluntaria, no es segura, y atenta contra la salud integral”.
EFE