La legítima Asamblea Nacional debate sobre declaración de Belem do para firmado en la Cumbre Amazónica
Los países amazónicos lanzaron una alianza regional para combatir la deforestación, pero no consensuaron metas comunes para salvar la mayor selva tropical del planeta, en el primer día de una cumbre en la ciudad brasileña de Belém.
Los ocho miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) acordaron en una declaración “establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación”, además de reforzar su cooperación contra el crimen organizado en la región y de fomento al desarrollo sustentable.
Entre los “principios” acordados por los presidentes para impulsar sus planes para preservar la selva, está la “la participación activa” de los pueblos indígenas.
Los territorios ancestrales son considerados por especialistas una importante barrera contra la deforestación, por la forma sustentable en que estas comunidades explotan sus recursos. También figuran en la Declaración de Belém la creación de un panel científico, inspirado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, y un Centro de Cooperación Policial Internacional en la ciudad amazónica de Manaos.
“Es positivo que los jefes de Estado hayan reconocido el punto de no retorno de la Amazonía y la urgencia de evitarlo. Pero es necesario que se adopten medidas concretas y robustas“, afirmó Mauricio Voivodic, director ejecutivo de la ONG ambientalista WWF-Brasil.
El experto espera que al verse “fortalecida, la OTCA ayude en la implementación de acciones efectivas de combate a la deforestación, a la contaminación por mercurio y la minería ilegal”.
El objetivo será lograr una posición común para presentar en la COP28 de la ONU sobre el cambio climático que se celebrará este año en Dubái.
En este sentido el diputado Julio Ygarza explicó que “la selva amazónica no sólo es un paraíso de biodiversidad, también desempeña una lucha contra el cambio climático. Alrededor del 17% de esta ha sido arrasada y una parte mayor está gravemente degradada”.
“Los 8 países miembros que conforman la cuenca del río Amazonas han acordado una serie de iniciativas para frenar la deforestación en la selva tropical más grande e importante del mundo”, agregó “Son importantes los acuerdos llegados en Belen do Para, estos nuevos desafíos que se vienen dando por el cambio climático”.
“De allí la importancia y el compromiso de los países que integran la cuenca amazónica para poder recuperar, implementar los modelos sostenibles, los cambios a los modelos establecidos de manera científica con la cooperación de expertos”, concluyó el parlamentario.
Por su parte, el diputado indígena Romel Guzamana , aseguró que la Cumbre Amazónica “es una cumbre para matar a los pueblos indígenas. América Latina está en SOS por la extracción masiva de sus riquezas, por el extractivismo y por el uso del mercurio que está acabando con todas las aguas desde la Patagonia, el Paraguay, pasando por Brasil, Venezuela y llegando al océano Atlántico”.
Guzamana pidió “denunciar todas las asambleas que se convocan a favor del cambio climático, como la Cumbre de Belém, porque son para hacer dinero, para mantener el estatus y no para ocuparse de los pueblos indígenas originarios, que son los que cuidan la nación amazónica”, agregó; al hacer hincapié en “el saqueo y la corrupción” que se vive a diario en este bioma tan frágil para la humanidad y que “no deja nada en absoluto para que los pueblos indígenas progresen”.
Criticó a estas cumbres que, según él, “deshonran a los pueblos indígenas”, porque sus voceros solo van a mentir. “Deben tener más respeto. Todos los ríos de la Amazonía están contaminados. 182.000 kilómetros cuadrados tiene el estado Amazonas y prácticamente 42% está siendo devastado. Los parques nacionales Yacapana y Parima B y la cuenca del Salto Ángel en el estado Bolívar, están siendo devastados. ¿Para qué estos criminales de la selva amazónica están apostando a futuro? Ya basta. Hay que decirles no”.
Por ello pidió a todas las instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos pronunciarse y denunciar lo que está ocurriendo en el caso venezolano. “No está de más decirle al régimen de Nicolás Maduro que deje de hacer dinero y de hacer propaganda a favor de la Amazonía venezolana, cuando él está devastando a la nación amazónica”.
Finalmente, la diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la comisión permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, hizo algunas observaciones en torno a la Declaración de Belém, recordando que el control de las emisiones de los gases de efecto invernadero y su mitigación, como la adaptación al calentamiento global, son obligación de los Estados y sus ciudadanos. “Pero mientras la política minera ilegal impere en este territorio, la naturaleza cobrará con mayor fuerza”.
De la Declaración rescató algunos aspectos: 1) que se valora la opinión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, en lo que respecta a la afectación de los bosques tropicales, la distribución de los biomas forestales en la composición de las especies, la biomasa, las plagas, las enfermedades y el aumento de incendios; y 2) que se reafirma el compromiso de la preservación del bosque amazónico, y a reducir la deforestación y la degradación de suelos y la conservación y valoración de la biodiversidad.
En lo que respecta al punto 4 del documento, en el cual los Jefes de Estado declararon su preocupación por (cita textual) “el incumplimiento de los países desarrollados en la disposición de cooperación económica equivalente al 0,7% de la renta bruta de financiación climática y por la lentitud, en el alcance de los compromisos, de la descarbonización de la economía antes del año 2050”, Hernández advirtió que “pareciera que los Estados someten el compromiso de cuidado y preservación de la Amazonía al cumplimiento de la cooperación económica internacional. Y esto es muy peligroso, inconveniente e inaceptable”. Porque “el cuidado del bosque amazónico, si bien requiere recursos económicos y científicos, no puede someterse a condición alguna. Tiene que ser un compromiso de los Estados y de los ciudadanos del mundo”.
Al respecto, dejó tres reflexiones. 1) En 1978 se creó, por parte de los 8 países que compartimos el bosque amazónico el Tratado de Cooperación Amazónica y la ODCA, organismo que lo rige, con sede en Brasil. “Este Tratado es el instrumento jurídico por excelencia para la preservación de la Amazonía y su desarrollo armónico y sostenible, reconociendo su transfronterización, es decir, que está por encima de los Estados miembros. El Amazonas es un ente único que debe ser protegido. Y de este Tratado nace el Parlamento Amazónico como ente legislativo”. Por ello pidió la creación de un órgano judicial como mecanismo de justicia supranacional, independiente de las circunstancias políticas de cada Estado miembro, que armonice con el Tratado de Escazú.
2) “Es inaceptable la hipocresía de la representación del Estado venezolano en la Cumbre de Belém do Pará, por su autoría, creación e implementación de la política más devastadora de la Amazonía, de su bioma y de sus pueblos originarios”, señaló. “El Arco Minero del Orinoco, la entrega de nuestro territorio a grupos irregulares, las actividades ilícitas, el desplazamiento humano, los asesinatos, la contaminación por mercurio, se extiende aún más allá del territorio señalado en la política del Arco Minero del Orinoco. Por eso advertimos con responsabilidad a los Estados miembros del mundo Amazónico, que vean con total cautela las propuestas que han derivado del Estado venezolano, vertidas con sesgos ideológicos y narrativa comunista, ocultando los crímenes de Estado contra la Amazonía”.
3) Hacer énfasis en el Acuerdo de Escazú, del cual Venezuela se niega a ser parte (este impulsa el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe). Para Hernández, es de vital relevancia para los objetivos trazados en la Cumbre, pues la reforma del Tratado de Cooperación Amazónica requiere de la integración de todos los pueblos y una gran organización de custodia, contraloría y preservación de la Amazonía.
Como reflexión final, destacó que “lo que suceda en la Amazonía le pesará al mundo entero. Sin embargo, la incidencia directa la tienen ocho Estados cuyas democracias y libertades impiden políticas eficientes y eficaces que protejan la vida contenida en el bosque y aquella que dependa del bosque”.