Trabajadores denuncian acoso laboral, institucional y violencia contra la mujer en Tribunal de Protección en Apure

Trabajadores denuncian acoso laboral, institucional y violencia contra la mujer en Tribunal de Protección en Apure

 

Servidores públicos adscritos al Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial de San Fernando, estado Apure “despedidos de forma injustificadamente” denuncian este sábado 16 de septiembre del año en curso, ante este medio de comunicación, la “declaratoria de guerra” contra 18 funcionarios de esta instancia gubernamental, emprendida por el Dr. Julio Elías Suárez Martínez, juez superior de dicho circuito durante un año y dos meses.





Por Corresponsalía lapatilla.com

En entrevista exclusiva, los afectados relatan que, tras casi nueve meses de cierre del tribunal de menores, un total de cinco trabajadores fueron notificados de su destitución, el día 03 de agosto de este año en sus propias casas, en horas de la noche, tras la visita de un alguacil y fuera del horario de trabajo.

Cuatro secretarios y un alguacil, Jorge Luis Rondón Parra, con 10 años de servicio, Esmirna Viamonte Salguero, Dayan Caro Martínez Orozco, con 22 años de trabajo al servicio de este tribunal, así como también, la abogada Jannis Mejías Garrido, coordinadora judicial titular y el alguacil, Félix Manuel Pérez encabezan la lista de los trabajadores despedidos, exigen al fiscal general Tarek William Saab, haga justicia en este caso marcado por la ilegalidad.

Se conoció de manera extraoficial que también, entre seis a ocho funcionarios del Tribunal de Menores, están siendo sometidos a procedimientos administrativos para poder destituirlos de sus cargos.

“Hace un año y dos meses, en la cual fuimos víctimas de un secuestro por parte del ciudadano Julio Elías Suárez Martínez y su equipo de trabajo (de confianza), por lo que interpusimos una denuncia y desde ese momento hasta hoy, los atropellos de estos ciudadanos incrementaron siendo más arbitrarios y contra ley”, revelan en redes sociales.

La llamada “declaratoria de guerra”, se generó, de acuerdo a los testimonios de las víctimas, al parecer, luego de que un total de 18 funcionarios del Tribunal de Menores, denunciaron a Julio Elías Suárez Martínez, juez superior de dicho circuito, ante la Fiscalía del Ministerio Público (MP), el día 29 de junio del año pasado, luego de ser víctimas de un secuestro en las oficinas de este despacho, propiciado por el encargado del tribunal de menores, junto a dos policías armados, luego del extravío de un expediente.

“Estamos en presencia ante abuso de poder y atropellos porque trancaron a las 03:00 PM, antes de terminar el horario de despacho de atención al público (03:30 PM), la puerta de la oficina bajo llave, hasta tanto apareciera el expediente e interrogar a los trabajadores, sin procesar una denuncia previa, notificación, sentimos mucha zozobra y angustia porque nos decían que si no aparecía el expediente irían presos algunos funcionarios entre risas. Hasta casi las 07:00 PM estuvimos secuestrados bajo llave por orden de Julio Elías Suárez ante la amenaza de la detención de una compañera porque gritamos y pedimos auxilio”, relata Jorge Rondón, funcionario despedido a pesar que cuenta con fuero paternal de dos años, recuerda que le llamaron a incorporarse a su trabajo el martes 25 de julio.

Es de hacer notar que el tribunal de Menores del estado Apure se mantuvo cerrado durante casi ocho meses, luego de la orden emanada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego de los destrozos ocasionados en sus instalaciones el 8 de noviembre de 2022, en medio de una protesta a favor de una mujer de nacionalidad árabe para exigir la entrega de dos niños a su madre, luego de que un tribunal falló a favor del padre de los pequeños.

En tal sentido, los agraviados, alertan que el ciudadano juez, prepara despidos masivos en contra de los trabajadores de este tribunal, ante la denuncia interpuesta por estos funcionarios en su contra. “No respeta la autonomía y el despacho de los jueces, lo cual motivó los conflictos. El personal que no cumplía sus caprichos y decisiones arbitrarias, simplemente lo hacía a un lado, creó división en el circuito y lo fracturó”, apuntó Rondón.

La abogada Dayan Martínez, servidora pública en este circuito durante 22 años, denuncia, además, atropellos y violencia contra las mujeres. “En tanto tiempo no había sido tan atropellada, burlada y humillada por ningún jefe que ha violado nuestros derechos”, apunta en un video difundido en RRSS.