El 15 de septiembre se cumplieron 18 meses desde que entró en vigencia el último aumento de salario mínimo decretado por Nicolás Maduro, el 15 de marzo de 2022. Desde entonces, el monto ha sido sometido a la devaluación de la moneda, perdiendo 87% de su valor.
Por Brian Contreras / talcualdigital.com
Para el momento en el que se decretó el incremento, el chavismo prometió que el salario mínimo equivaldría a medio petro, una moneda digital venezolana con un valor establecido en $60. Por lo tanto, la remuneración por concepto de salario se fijaría en $30.
Con una estrategia discursiva difusa, el gobierno dio a entender que se indexaría el sueldo, pero no ocurrió, por lo que los venezolanos experimentaron una pérdida de su poder adquisitivo conforme avanzaba la inflación e incrementaba el precio del dólar.
«Aprobado el salario mínimo en medio petro y también vamos a salarizar los bonos que entregamos a los trabajadores. Tenemos el pulmón para aguantar esto ahora», expresaba el mandatario en marzo.
Los Bs 130 quedaron estancados en el tiempo y vieron como el tipo de cambio oficial, marcado por el Banco Central de Venezuela (BCV), pasó de Bs 4,33 a Bs 33,99 por divisa. Es decir, mientras que el dólar se encareció 684,98%, el salario se quedó estático.
El aumento aprobado en aquel entonces contemplaba una remuneración total de Bs 175, que incluía los Bs 45 de cesta tickets y los bonos que entregaba el Gobierno con cierta regularidad a través del Sistema Patria. La remuneración mensual para trabajadores de la administración pública excedía los $40 mensuales.
Aunque era un monto insuficiente para cubrir el costo de la canasta alimentaria, en ese momento representó cierto alivio para todo asalariado, pensionado o jubilado, pues el nuevo salario mínimo repercutía en las tablas salariales, los bonos, las primas, las vacaciones y otros beneficios establecidos en las leyes y las convenciones colectivas.
Más de 18 meses después, la situación ha cambiado. El rezago del salario repercute en todos los beneficios del trabajador, y arrastra a una situación de miseria tanto a jubilados como a pensionados.
Gracias a la naturaleza inflacionaria que ha caracterizado a la economía durante el último lustro, el poder de compra cae en picada. Ni siquiera la dolarización de facto que experimenta el país se salva del encarecimiento de productos frente a unos salarios —tanto públicos como privados— que afrontan el estancamiento.
De acuerdo con datos de Ecoanalítica compartidos por uno de sus directores, Asdrúbal Oliveros, actualmente se necesitan $400 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que en enero de 2019 se podían adquirir por $100.
Esto quiere decir que los trabajadores asalariados de la administración pública no solo han estado condicionados por salarios mínimos inferiores a $10 en este período, sino que además, con esos escasos ingresos sujetos a la devaluación, deben lidiar con una vida cada vez más cara. Para muchos, la capacidad adquisitiva frente a 2019 ha empeorado, en vez de mejorar.
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