El martes 17, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática acordaron realizar elecciones presidenciales el próximo año, en presencia de observadores internacionales acreditados y con base en las garantías contempladas en la constitución. Dio pie a la suspensión parcial, durante seis meses, de las sanciones impuestas por el gobierno de EE.UU. al Estado venezolano, incluyendo PdVSA. Se dispensan, así, las ventas de petróleo y gas, como también de oro –siempre que sea a través de la empresa Minerven–, y las transacciones de bonos de deuda en mercados secundarios. El Departamento de Estado advierte, no obstante, que, de no ceñirse el oficialismo a lo acordado, esta suspensión podría revertirse. Igual, si antes de finales de noviembre no son liberados tres ciudadanos estadounidenses presos y se concreten vías para eliminar las inhabilitaciones anticonstitucionales de quienes tienen derecho a ser elegidos. Al menos ya respetó la realización de las primarias opositoras. Por otro lado, continúan bloqueadas propiedades a nombre del Estado y de PdVSA en territorio estadounidense.
Algunos opinan que esta flexibilización juega a favor de Maduro, quien ahora contará con más recursos para afianzarse en el poder. Más allá de consideraciones de orden político, ¿qué efectos se prevén sobre la economía? ¿Podrá sobreponerse al actual entrampamiento en que se encuentra?
Esta suspensión podrá aliviar ciertas restricciones externas que pesan sobre la economía venezolana y, en particular, sobre las cuentas públicas. Ahora podrá cobrarse completo el crudo exportado, sin los descuentos y los intermediarios a que se veía obligada antes PdVSA para evadir las sanciones (y que facilitaron las corruptelas de El Aissami). Claro, habrá que restablecer los contratos de suministro con los clientes tradicionales, que puede tener sus bemoles, y todavía persiste la incertidumbre respecto a qué ente puede facturar esas exportaciones en EE.UU., ya que el gobierno de ese país reconoce a la junta Ad Hoc de PdVSA nombrada cuando la presidencia interina de Juan Guaidó. Asimismo, las deudas no canceladas hacen a las exportaciones de crudo vulnerables a embargo por parte de acreedores.
En todo caso, el Ejecutivo dispondrá de más “caja” para sus gastos. Habría que preguntarse a dónde se dirigirán. El historial de Maduro apunta a mayores erogaciones populistas –más CLAPs, aumento de sueldos, “bonos de la guerra” (¡!) u otros—para inflar sus apoyos ante las elecciones venideras. No se anticipan mejoras en la prestación de servicios públicos –agua, luz, gas, transporte, seguridad—, ni en las capacidades administrativas del Estado. Mucho menos en reparar infraestructura. No se augura, por ende, una recuperación visible de los fundamentos sobre los que se desarrolla la actividad económica, en particular, reformas del marco institucional que restablezcan la confianza y estimulen las inversiones privadas. Claro, la mayor entrada de dinero contribuirá a activar recursos ociosos y algunos negocios.
En cuanto a la producción petrolera, solo podrá esperarse un incremento modesto para los próximos seis meses. Actualmente están paralizados los taladros, faltan diluentes, personal especializado que se ha ido y muchas empresas de servicios ya no existen o tienen sus capacidades disminuidas. A las grandes empresas que prestan servicios de pozo PdVSA les debe, por lo que exigirán, primero, resolver estos atrasos. En el mejor de los casos, durante los próximos seis meses se añadirán unos 200 mil barriles diarios de producción, lo cual permitiría rozar, ¡al fin!, el ansiado millón tan cacareado por Maduro. Pero su efecto multiplicador, que en el pasado hubiera sido significativo, lamentablemente será poco, dada la destrucción habida en el otrora prolífico sector conexo de empresas suministradoras.
Por demás, sigue intacta la trama perversa que entrampó a la economía venezolana. Recapitulemos: El desmantelamiento de las instituciones por los “revolucionarios” y el acorralamiento de los mecanismos de mercado trasladó la asignación de recursos y la distribución de resultados a su criterio político. Bajo su control desaparecieron la racionalidad económica, los incentivos, la eficiencia y la rendición de cuentas. Privó la prosecución de fines personales y/o partidistas, con la excusa de fundar un socialismo del siglo XXI. Afloraron irregularidades de todo tipo, cohonestadas desde el poder siempre que sus perpetradores profesasen lealtad a Chávez y Maduro. Se conformó, así, un régimen de expoliación que destruyó la economía. No fueron las sanciones. Al encogerse la base tributaria y al quedar el Estado aislado de los mercados financieros internacionales por default (2017), Maduro pisó el acelerador de la emisión monetaria del BCV (“dinero inorgánico”) para financiar sus gastos. Precipitó una de las más largas y destructivas hiperinflaciones habidas, provocando una miseria extendida que revirtió nuestras condiciones de vida a hace unos 80 años. Y ahora su “remedio” agrava aún más la enfermedad.
En una economía con tan alto desempleo de sus recursos productivos y con niveles de ingreso de la población por el piso, combatir la inflación reduciendo el gasto, secando el crédito y gastando las escasas divisas captadas para “anclar” su precio, es criminal. Estas medidas procíclicas deprimieron aún más el consumo (la demanda), acabaron con el financiamiento bancario y sobrevaluaron el bolívar, agravando las condiciones que enfrentan los productores. Se perpetuó la falta de empleo formal y siguió abatida la tributación interna, llevando a aplicar tasas impositivas cada vez más confiscatorias. Y Maduro no ha tenido más remedio que seguir financiándose con la emisión monetaria del BCV. Seguimos, por ende, con la inflación más alta del mundo, pero con una economía en el subsuelo, incapaz de aumentar los sueldos en proporción. ¿La suspensión parcial de sanciones augura la superación de esta calamidad?
El incremento de los ingresos fiscales será insuficiente para cubrir la brecha del gasto. Tampoco Maduro resistirá la tentación del gasto populista. Seguirá el financiamiento monetario, más con tantas demandas postergadas. Bienvenido cualquier aumento de sueldos en el sector público, pero no será fruto de un proceso sostenido de recuperación económica. Más temprano que tarde, se lo comerá la inflación.
Solo atacando los factores restrictivos que traban la oferta, tanto interna como externa, podrá superarse este entrampamiento. Mayores importaciones, ante el alivio de las sanciones, se verán frustradas si se siguen “quemando” divisas para frenar la depreciación del tipo de cambio. Y en lo interno, el gasto populista inflará una burbuja de demanda para algunas actividades, pero sin efectos duraderos. Como hemos insistido reiteradamente, es menester un fuerte financiamiento externo para sanear las cuentas del Estado, rescatar los servicios públicos, reparar los déficits en los servicios de salud y educación, invertir en infraestructura y financiar reformas que le devuelvan su capacidad de respuesta ante los problemas nacionales. Implica liberar recursos privatizando numerosas empresas y activos que hoy son un desaguadero insostenible de las cuentas públicas. Lleva a desmontar el régimen de expoliación sobre el cual se sustenta el chavo-madurismo y asentar las garantías y seguridades requeridas para tener acceso a los generosos empréstitos externos requeridos. En particular, para sustentar una ambiciosa propuesta de reestructuración de la deuda externa, sin la cual será imposible recuperar el crecimiento económico. Asimismo, habrá que modificar las normas que regulan (limitan) la inversión petrolera internacional para poder avalar los reembolsos futuros de estos cuantiosos créditos.
Ni Maduro ni sus acólitos están en el poder para acometer reformas como las referidas. Es más, hay la posibilidad de que se retracten de sus compromisos con una elección sana –perderán–, llevando al gobierno de EE.UU. a revertir las sanciones. Ciertamente, no está en el ADN fascista entregar el poder por las buenas, como a cada rato nos los recuerda, socarronamente, Diosdado Cabello.
Con el (des)gobierno de Maduro, seguiremos entrampados. Lo antes expuesto lleva a insistir en un mayor protagonismo del sector privado, organizándose para conseguir los recursos externos para atacar los cuellos de botella y otras insuficiencias que conocen mejor que nadie. Un plan de acción para encender la chispa de la reactivación económica conlleva explorar los alcances, limitaciones y resultados esperados de una propuesta de esta naturaleza. No deberían resignarse a la presente situación.
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Un leve comentario sobre las sanciones. Efectivamente, no han sido, por sí solas, suficientes para acabar con una dictadura. Pero, en combinación con una oposición doméstica fortalecida y con claridad de propósitos, pueden contribuir a extraerle compromisos que amplíen las posibilidades de transición democrática. Claro, conociendo a los opresores, entre sus opciones está patear el tablero y atrincherarse de nuevo si se restablecen las sanciones. Pero no las tienen todas consigo. Y lo saben. Están cada vez más desesperados. ¿Hasta cuándo podrán resistir si el entorno externo no acude a su rescate?
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, [email protected]