La justicia francesa ha emitido órdenes de arresto contra el presidente de Siria, Bashar al Asad, su hermano Maher y dos generales por el presunto uso de armas químicas contra civiles en agosto de 2013 en la ciudad de Duma, donde murieron más de un millar de personas.
La orden es consecuencia de la investigación abierta por la unidad especializada en crímenes contra la humanidad y de guerra del Tribunal de París, a raíz de una denuncia presentada en 2021 por varias organizaciones por la utilización de dos tipos de armas químicas prohibidas.
“La emisión por parte de la justicia francesa de órdenes de detención contra el jefe del Estado, Bachar al Asad, y sus asociados constituye un precedente judicial histórico”, celebró en un comunicado el abogado Mazen Darwish, fundador y director general del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión (SCM), que es el principal impulsor de la denuncia.
“Es una nueva victoria para las víctimas, sus familias y los supervivientes, y un paso en el camino hacia la justicia y la paz sostenible en Siria”, agregó el responsable de esa organización sin ánimo de lucro.
Darwish recordó que no hay inmunidad para los crímenes contra la humanidad y dijo esperar que “las autoridades francesas respeten el sufrimiento y los derechos de las víctimas junto a la decisión de la justicia”.
La emisión de las órdenes de arresto, que fuentes judiciales confirmaron también por su parte a la cadena pública France Info, atañe, además de al presidente y a su hermano, a los generales Ghassan Abbas y Bassam al-Hassan.
Junto al SCM, impulsan también la denuncia en París las organizaciones Syrian Archive, Open Society Justice Initiative y Civil Rights Defenders, junto a miembros de la Asociación de Víctimas de las Armas Químicas.
Para apoyar sus acusaciones, los demandantes aportaron tanto testimonios de primera mano de las víctimas como análisis de la jerarquía de decisiones militares sirias, datos del plan de armas químicas del Gobierno sirio y pruebas fotográficas y en vídeo.
Denuncias similares se plantearon en Suiza, Suecia y Alemania, apoyándose en el principio de competencia judicial extraterritorial para casos de crímenes de lesa humanidad.
EFE