Poco más de un mes ha transcurrido desde la firma del acuerdo de Barbados (17.10.2023), donde la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria fijaron una ruta para las elecciones presidenciales, pactadas para el segundo semestre de 2024. A la ecuación para lograr avances, y evitar el escenario ralentizado de México, se sumó Estados Unidos con el alivio de sanciones sobre actividad petrolera, gas y minería.
Por Luisa Quintero / talcualdigital.com
Para ese alivio temporal se condicionó un método y fecha de evaluación: EEUU prometió activar nuevamente las medidas de no observar avances en la liberación de presos políticos -estadounidenses y venezolanos- y una ruta para que se levanten las inhabilitaciones políticas contra dirigentes opositores «antes de fines de noviembre».
Los avances hasta ahora no han sido tan significativos como se esperaba. La administración de Nicolás Maduro excarceló a cinco presos políticos, aunque se reportó que sobre dos de ellos continúa el proceso penal (Ronald Carreño y Marco Garcés), una no estaba en prisión (Mariana Barreto) y Juan Requesens igual espera por una decisión de la Corte de Apelaciones a su condena de ocho años. También se registró la detención del activista político Nelson Piñero, por supuesta incitación al odio en redes sociales.
El escenario de las inhabilitaciones parece moverse en la recta final. Aunque Maduro y sus funcionarios han reiterado que cualquier opositor bajo esta medida no podrá participar en elecciones, en clara referencia a María Corina Machado, el jefe negociador de la Plataforma, Gerardo Blyde, aseguró que a más tardar este jueves 30 se debe «notificar un procedimiento» para producir habilitaciones.
Ese mecanismo, que se espera beneficie a Machado o cualquier otro dirigente opositor con medidas de la Contraloría General, caerá en manos directas del Tribunal Supremo de Justicia.
«Ni siquiera hay un acto administrativo notificado a la interesada, a la afectada en sus derechos que es María Corina Machado en este caso. Eso quiere decir que no sabemos a qué acto se refieren, por cuanto fue informado a un tercero que acudió a la Contraloría de una supuesta inhabilitación, que no fue informada a la afectada para que ejerciera sus derechos a la defensa y al legítimo proceso administrativo para poder después concurrir, en caso de una decisión adversa, al Tribunal Supremo de Justicia», explicó Blyde.
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