La agonía del régimen, por Marta de la Vega @martadelavegav

La agonía del régimen, por Marta de la Vega @martadelavegav

Agonía, término de origen griego, significa lucha, contienda, combate, y se refiere en general a los estertores previos a la muerte de una persona, a la angustia por la proximidad de la expiración, del desenlace, del fin. Por analogía, quisiéramos percibir que estamos al final de un período demasiado largo de la historia contemporánea reciente de Venezuela, que comenzó antes del triunfo electoral de Chávez en diciembre de 1998 a cuya victoria contribuyeron el descrédito de los partidos políticos, la deuda social acumulada con el extravío de la ruta democrática, la desaceleración de avances sociales y económicos muy importantes, la pérdida de la brújula moral por la corrupción  populista, el  amiguismo y la estructura clientelar de un Estado todopoderoso y el despilfarro de los recursos petroleros a partir del boom de 1975, a pesar de proyectos muy valiosos en educación y progreso social. 

Lo que para muchos fue la ilusión de promesas efectistas, más retóricas que reales, construidas desde la improvisación y la avidez por conquistar el poder de un caudillo mesiánico y carismático, se convirtió en la pesadilla que persiste hasta hoy y que representan Maduro y sus acólitos de todo pelaje. A pesar de trabas y obstáculos de toda índole, la exitosa jornada de la elección primaria del 22 de octubre pasado afirmó el liderazgo de María Corina Machado como candidata presidencial de las fuerzas democráticas para 2024. 

Este resultado desencadenó un conjunto de reacciones del régimen usurpador de facto para minimizar, desconocer y anular retroactivamente un hecho consumado ejemplar, conducido por integrantes incuestionables de la sociedad civil organizada, de carácter legal y legítimo, moral y constitucionalmente, para abrir una transición pacífica y electoral hacia la democracia. Aunque los personeros del gobierno de Maduro parecieran “tener la sartén por el mango”, más bien resultarían ser “patadas de ahogado” que pueden llevarnos a un peligroso callejón sin salida. Nos lo muestran dos hechos relevantes recientes. 





Los acuerdos parciales firmados pocos días antes de la Primaria en la isla de Barbados con los garantes y acompañantes internacionales que han actuado en el marco de las negociaciones iniciadas en México en agosto de 2021 entre el régimen de Maduro y las fuerzas democráticas agrupadas en la Plataforma Unitaria se han convertido en una inquietante tergiversación de la verdad. La interpretación que el oficialismo, en su afán de aferrarse al poder a cualquier precio, da al tema de las supuestas inhabilitaciones políticas que no son tales sino medidas políticas de represión y persecución, en especial contra María Corina Machado, puede desembocar en una trampa que termine por sacarla del juego político, así como  la exigencia de liberar a todos los presos políticos antes del 30 de noviembre, so pena de restaurar las sanciones contra los individuos de la camarilla militar civil que domina las instituciones venezolanas.  De hecho, ha habido nuevas detenciones totalmente arbitrarias -terrorismo de Estado- para generar miedo a través del aparato represor del régimen, entre otros la fiscalía general.

El otro hecho inquietante es la consulta “popular” convocada por el régimen en brevísimo tiempo acerca del litigio con Guyana sobre el territorio del Esequibo en reclamación. Las coacciones y presiones para entubar con las preguntas a los votantes en una sola dirección afirmativa tienen implicaciones para hundir más Venezuela en el aislamiento internacional y en una confrontación geopolítica de alcances impredecibles. 

Para neutralizar estas amenazas, tiene que ocurrir un cambio de gobierno, de régimen y de modelo, que conduzca a las transformaciones estructurales indispensables para superar uno de los momentos más oscuros y amargos de la historia de Venezuela. ¿Cuándo? No lo sabemos. Un pronto desenlace es imprescindible para que se rescate la paz, el cumplimiento de las normas y el respeto de las leyes, la efectiva vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho; para que de nuevo la decencia sea un paradigma de conducta social y pública, para que sea realidad la tranquilidad de la gente, martirizada a diario por la destrucción de los servicios públicos y las condiciones infrahumanas de la mayoría de la población del país, además del éxodo masivo de al menos siete millones de personas.