En Colony Ridge, un barrio de Houston con gran crecimiento de la población latina, los miembros de esta comunidad enfrentan ahora el miedo de salir a la calles, porque políticos y medios han catalogado el lugar como asentamiento de indocumentados y narcotraficantes, en medio de las nuevas leyes contra innmigrantes de Texas.
Por El Diario NY
Yelva Cortés, de 35 años y natural de Michoacán (México), vive desde hace 13 años en esa zona boscosa y rural del condado de Liberty, en el noreste de Houston, donde miles de hispanos de bajos recursos como ella han comprado terrenos e instalado casas móviles en la última década.
Desde hace unos meses Cortés, de 47 años, se desplaza con cautela a su trabajo de cocinera y administradora en una taquería ambulante ubicada a pocos minutos de su casa.
“La gente y toda mi familia acá que está indocumentada casi no sale; solo hacemos lo básico”, declaró Cortés en entrevista con EFE acerca del temor colectivo originado por teorías conspirativas que han catalogado a esa zona de Texas como “un imán de indocumentados” y “santuario de narcotraficantes”.
Esas conjeturas fueron alimentadas a mediados de septiembre pasado por un grupo de legisladores republicanos aunados a medios de comunicación conservadores en Texas sobre Colony Ridge, donde viven unas 400,000 personas, la mayoría inmigrantes hispanos.
Las hipótesis fueron suficientes para que el gobernador de Texas, Greg Abbott, considerara examinar el tema en una sesión legislativa especial que culminó incorporando fondos por más de $40 millones de dólares para patrullar ese barrio de más de 33,000 acres (13,355 hectáreas) de extensión.
Ese gasto está incluido en la ley antiinmigrante SB3, promulgada por el ultraconservador Abbott hace pocas semanas junto con la SB4, que convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar de forma irregular al estado desde una nación extranjera”. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
Asimismo, la SB4 permite ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial y otorga a la Policía la autoridad para arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, concediéndoles también la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
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