En el marco de los recientes actos de violencia suscitados en la República del Ecuador el 8 y 9 de enero del presente año, organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica expresamos nuestra solidaridad con víctimas de la violencia y violaciones a derechos humanos y sus familiares, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y a la población civil, quienes enfrentan momentos críticos de incertidumbre y violencia generalizada.
Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación que vive el Sistema Penitenciario en el Estado de Ecuador, así como la escalada de violencia que ha afectado a las personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado, sus familias, y de aquellas que laboran dentro del sistema. La situación de violencia dentro de los recintos carcelarios, los actos de tortura, los asesinatos, así como los altos niveles de corrupción y debilitamiento institucional en el país, son el reflejo de la falta de una política criminal integral con enfoque de derechos humanos, dirigida a frenar la violencia y el abandono general del sistema de justicia penal.
Apoyamos íntegramente el pronunciamiento realizado por la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador y destacamos la preocupación respecto a las
consecuencias de los conflictos armados frente a la población civil más vulnerable, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad, así como personas privadas de libertad, sus familias y las personas que laboran en el sistema.
Por lo anterior, hacemos un llamado urgente a materializar los principios democráticos y del Estado de derecho, manteniendo el efectivo cumplimiento de losderechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso, y todas aquellas garantías y protecciones judiciales. Así mismo, condenamos toda forma de violencia.
En este momento crítico, le solicitamos a la comunidad internacional, a los organismos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, así como a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que desplieguen las actuaciones necesarias para la protección y respeto de los derechos humanos de la población civil, manteniendo un trabajo continuo y sostenido de documentación de las actuaciones militares y policiales.
De igual manera, instamos al Estado de Ecuador a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo:
i) La regulación y control de la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, asegurando cualquier uso de éstas bajo el régimen de estado de excepción sea extraordinario, justificado, excepcional, temporal, restringida y complementaria a las fuerzas civiles;
ii) La prohibición absoluta de la tortura, así como de someter a personas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, de privar arbitrariamente a las personas de la vida, de detener y encarcelar arbitrariamente a las personas, el traslado forzoso de minorías o grupos en situación de vulnerabilidad y la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia a través de la apología del odio nacional;
iii) El respeto a los principios fundamentales establecidos en el derecho internacional en lo referente a los estados de excepción (en particular conforme a las observaciones del Comité de Derechos Humanos y las disposiciones del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), asegurando el carácter temporal de las medidas de suspensión, el carácter necesario y proporcional, y las garantías procesales.
Ante una preocupante tendencia de los gobiernos en nuestra región por concentrar el poder para utilizar medidas altamente punitivas y violatorias de derechos humanos para hacer frente a la violencia y la criminalidad, las organizaciones de derechos humanos de la región nos mantendremos alertas sobre la actuación de las fuerzas del orden en Ecuador y acompañamos en resistencia, lucha y solidaridad a las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de nuestro hermano país.
Nota de prensa.