Los familiares y los abogados de los presos políticos esperan que el Gobierno venezolano los libere a todos, pero especialmente piden medidas humanitarias para los que padecen enfermedades graves que requieren medidas urgentes.
Por Luna Perdomo / talcualdigital.com
De acuerdo con los datos de la ONG Foro Penal, «más de 50 presos políticos tienen condiciones muy limitadas de salud». La organización Justicia, Encuentro y Perdón indica que son «más de 30 casos que están con situación de salud muy grave, incluso con enfermedades en etapa terminal como cáncer», aclara la abogada Martha Tineo.
Justicia y Proceso Venezuela ubica en 35 la cifra de presos políticos que padecen enfermedades graves, expone Theresly Malavé, directora de la ONG. De estos, 30 son hombres y 5 mujeres.
Las organizaciones insisten en decir que no hay prioridades de unos sobre otros porque la tragedia es la misma para todos los presos políticos porque están detenidos arbitrariamente.
Martha Tineo enfatiza que «la salud de todos los presos políticos está verdaderamente comprometida» y sostiene que hay unos que están en peores condiciones que otros. Dice que muchos tenían patologías preexistentes, «que se han agravado por las condiciones de reclusión» y recuerda que otros, que no tenían patologías preexistentes, las tienen como secuelas de las torturas y «hoy día están gravemente enfermos».
La Constitución en su artículo 43 establece que «el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad», pero en la práctica no se cumple lo que dice la ley.
Sin embargo, Gonzalo Himiob expone que, ante la ausencia del Estado en materia de salud, los familiares de los presos políticos ya no le exigen hacerse cargo de los costos, sino que se les permita ser atendidos por médicos de confianza y ellos asumen todos los gastos, «pero el problema es que no lo permiten», asevera el abogado.
Por su parte, la abogada Tineo dice que en vez de atender la salud de los presos políticos, el Estado los expone a condiciones precarias de reclusión, a hacinamiento, insalubridad, falta de dotación de alimentos y agua potable, falta de atención médica y medicamentos.
Denuncia que los familiares de los detenidos por razones políticas deben llevarles hasta el agua para tomar y «en algunos centros de reclusión les limitan a cinco litros por semana para bañarse, beber y asear sus insumos personales».
Martha Tineo añade que hay presos políticos desnutridos, que no reciben dotación de medicamentos ni asistencia médica y suma casos «más dramáticos» porque el detenido no tiene en el país ningún familiar por persecución política y está totalmente abandonado, sobreviviendo por la caridad de otros presos políticos.
Presos con enfermedades graves
Algunos de los casos de presos políticos con enfermedades graves que necesitan medidas urgentes son los de Emirlendris Benítez, el coronel de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo, Javier Tarazona, Orlando Laufer, Darío Estrada y Juan Nahir Zambrano, entre muchos otros.
Emirlendris Benítez fue detenida el 5 de agosto de 2018 y cumple una condena de 30 años de prisión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina de Los Teques (INOF). La vincularon con el «caso de los drones», como se le conoce al intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro.
Bajo custodia fue sometida a torturas y otros malos tratos, crueles e inhumanos mientras estaba embarazada. Tras una semana de detención, fue llevada a la fuerza a un centro médico, donde se le interrumpió el embarazo sin su consentimiento.
El pasado mes de diciembre, Melania Leal Rosales, hermana de Emirlendris Benítez, dijo que tras una visita la encontró deteriorada, con una hernia en la columna y fibromialgia.
Gonzalo Himiob afirma que Benítez «necesita estar en una institución médica, pero ha sido demasiado difícil que se le dé al menos el tratamiento médico que necesita» y enfatiza que esta es la situación de más de 50 presos políticos.
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