Altos funcionarios de la administración Biden sostendrán reuniones de alto nivel con sus homólogos de Colombia en Bogotá la próxima semana en medio de las crecientes tensiones con la vecina Venezuela.
El asesor adjunto principal de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer, y el director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, viajarán a la capital de Colombia y sostendrán reuniones junto al jefe de misión de la Unidad de Asuntos Venezolanos, Francisco Palmieri, según personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son confidenciales.
Las reuniones tendrán lugar una semana después de que el gobierno de Biden restaurara las sanciones al sector del oro de Venezuela y dijera que permitiría que una suspensión de seis meses de las sanciones sobre el sector del petróleo y el gas expirara en abril si los candidatos de la oposición seguían sin poder presentarse a las elecciones presidenciales de este año.
El gobierno de Biden había emitido una licencia en octubre que autorizaba transacciones en el sector energético como gesto de buena voluntad después de que el gobierno de Maduro entablara conversaciones con algunos miembros de la oposición.
En respuesta, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que Venezuela dejaría de aceptar deportados de Estados Unidos si el gobierno de Biden cumplía con sus amenazas.
Petro, un aliado clave de Maduro desde que asumió el cargo en 2022, ha ayudado a restablecer los lazos diplomáticos entre los dos países y ha hecho esfuerzos para mediar en la crisis política de Venezuela. En abril de 2022, fue anfitrión de una cumbre de líderes internacionales sobre Venezuela, que incluyó a altos funcionarios estadounidenses González y Finer.
Si bien varios líderes regionales expresaron su preocupación después de que el máximo tribunal de Venezuela ratificara su prohibición a la principal contendiente opositora María Corina Machado, Petro no se ha pronunciado al respecto. En junio, tuiteó que ninguna autoridad «debe quitarle derechos políticos a ningún ciudadano», en referencia a Machado. A Petro, a quien también se le prohibió ocupar cargos públicos en Colombia, se le restituyeron sus derechos políticos en 2017.
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