Cuando una estudiante de enfermería de 22 años fue encontrada muerta en un sendero boscoso de la Universidad de Georgia, en lo que se cree que es el primer homicidio cometido en el campus en casi 30 años, se desencadenaron olas de dolor y miedo que conmocionaron a la universidad.
Por Richard Feast y Alessandro Marazzi Sassoon | The New York Times
Pero cuando un migrante venezolano de 26 años fue acusado el viernes de secuestrar y matar a la estudiante, Laken Riley, sucedió algo más: transformó a Athens y al condado de Clarke, una comunidad de aproximadamente 130.000 habitantes ubicada a unos 110 kilómetros al este de Atlanta, en el nuevo epicentro de la lucha política sobre las leyes migratorias de Estados Unidos.
El lunes, en una publicación de redes sociales, el expresidente Donald Trump dijo que el sospechoso, José Antonio Ibarra, era un “monstruo” y culpó al presidente Joe Biden de una “invasión” que está “matando a nuestros ciudadanos”. Ese mismo día, en un acto en la universidad, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, denunció “la falta de voluntad de esta Casa Blanca para asegurar la frontera sur”.
Un tercer republicano, el representante por Athens, Mike Collins, publicó en las redes sociales: “La sangre de Laken Riley está en las manos de Joe Biden, Alejandro Mayorkas y el gobierno del condado de Athens-Clarke”, en referencia al gobierno unificado de la ciudad y del condado.
Muchos liberales consideran estas declaraciones como parte de una retórica demagógica aunada a un crimen espantoso. En una entrevista realizada el domingo, Kelly Girtz, alcaldesa demócrata del condado de Athens-Clarke, dijo que la conversación debería centrarse en el duelo por la víctima y en culpar a un individuo y no a un grupo.
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