La polémica ley SB4 de Texas, una estricta norma que convierte en delito estatal la entrada irregular al territorio y permite a las autoridades locales arrestar y deportar migrantes, fue promulgada en diciembre pasado por el gobernador del estado, Greg Abbott, en medio de condenas por parte de organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes. Estaba previsto que entrara en vigor el próximo martes.
Por CNN
Sin embargo, este jueves, un juez federal ordenó al estado bloquear la implementación de la ley. “Si se permite que proceda, la SB 4 podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de la ley de inmigración”, escribió el juez David Alan Ezra, otorgando una orden judicial preliminar contra la ley.
Pero ¿en qué consiste exactamente? Estas son las claves de la nueva ley en un estado donde el 40% de la población es parte de la comunidad latina.
¿Qué es la ley SB4 y en qué consiste?
La norma conocida como SB4 es una legislación estatal que endurece las medidas en contra de los migrantes en Texas.
-La ley penaliza los ingresos ilegales a Texas y los convierte en un delito estatal.
-Al ser un delito, esto le permite a los policías detener y deportar migrantes. Las autoridades pueden detener a una persona por su apariencia, simplemente por sospecha.
-Autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México.
-Destina US$ 1.500 millones para que Texas construya su propio muro fronterizo.
-Se asignarán entre US$ 20 a 30 millones de los impuestos que pagan los residentes de Texas por 1,6 km para construir el muro.
¿A quiénes afecta?
Principalmente, y de ahí parte su objetivo, a las personas que ingresen de manera irregular a Texas.
Los miembros demócratas de la Cámara de Representantes han advertido que la ley sobrepasa los poderes del gobierno federal y replica la disposición sobre el estatus migratorio de Arizona en lo que sus opositores han denominado la ley “muéstrame tus documentos”.
Es decir, que las autoridades locales pueden pedir los documentos de cualquier persona en cualquier parte del estado. De no tenerlos, la persona puede ser detenida y se expone a ser deportada a México.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha amenazado con demandar a Abbott por la medida, que la organización califica como una de las leyes antiinmigrantes más duras que haya aprobado cualquier estado.
Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y CEO del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, dijo en respuesta a la promulgación de la ley que el estado amenaza la “seguridad y dignidad de los solicitantes de asilo”.
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