En la tarde de este martes, la Superintendencia de Salud llegó de manera sorpresiva a la sede administrativa de la EPS Sanitas, ubicada en la Calle 109, en Bogotá, para llevar a cabo un proceso de intervención.
Por El Tiempo
El superintendente, Luis Carlos Leal, aseguró que se trata de una medida de intervención forzosa administrativa por un año a esta EPS que tiene a su cargo la salud de 5,5 millones de personas en todo el país.
La medida se habría tomado por “el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la superintendencia”.
Según explicó Gustavo Morales, actual presidente ejecutivo de Fasecolda y exsuperintendente de Salud, esta medida de intervención administrativa consiste en suspender al actual presidente de la EPS, Juan Pablo Rueda; al revisor fiscal y a su junta directiva.
Por lo tanto, la administración de la entidad pasará a manos de un interventor independiente que debe nombrar la Supersalud, y que tendrá la categoría de auxiliar de la justicia.
Según la ley, durante un periodo de cuatro meses, que se puede prorrogar por otros cuatro meses, el interventor tendrá la tarea de tomar las medidas necesarias para superar los hallazgos que motivaron la intervención. Sin embargo, en el caso de la EPS Sanitas la Supersalud definió que esta medida durará un año.
“Mi solidaridad con el personal médico y administrativo de Sanitas, es una organización en donde están las 24 horas del día dedicados a atender a los pacientes y a prestar el mejor servicio. Cualquiera que sea la causal que se invoca para la intervención, ojalá no se interprete como una crítica a la buena gestión que han hecho los funcionarios de la EPS”, manifiesta Gustavo Morales.
Además, explica que a una intervención administrativa se llega luego de varios pasos previos. El primero es determinar unos hallazgos que impiden la buena gestión de la EPS, y para superarlos, la Superintendencia debe hacer unos requerimientos que se implementan a través de un plan de mejoramiento.
Si se observa que no es posible que este plan funcione, se procede a aplicar una medida de vigilancia especial, que consiste en ejecutar un plan de mejoramiento intensificado a raíz del cual la EPS debe hacer reportes mensuales.
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