El exvicepresidente del Gobierno español y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato declara este miércoles en el juicio por el origen de su fortuna, en el que la Fiscalía Anticorrupción de España le acusa de 11 delitos, con una petición de cárcel que en total podría superar los 70 años.
Tras cuarenta sesiones del juicio que comenzó el pasado mes de diciembre, Rato se someterá a las preguntas de la fiscal Elena Lorente, el abogado del Estado y su propia letrada, María Massó, para aclarar, además de los delitos contra Hacienda, si hubo blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
La Fiscalía defiende que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, el Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares.
Se trataría, según la Fiscalía, de una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015, y sobre la cual han declarado ya decenas de testigos y peritos, entre ellos los de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, así como agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que intervinieron en el registro y detención de Rato en 2015.
Desde el primer momento, Rato ha pedido que se anule la causa, basada en pruebas obtenidas sin garantías y un registro que vulneró su derecho a la intimidad que respondía a una denuncia “mendaz” de la Fiscalía.
Por ello, solicitó la nulidad de las actuaciones y en particular de la entrada y registro de su domicilio, ya que en su opinión se vulneró su inviolabilidad, el secreto de las comunicaciones y la intimidad, pero su petición no ha sido atendida por la sección séptima de la Audiencia Provincial, que preside la magistrada Ángela Acevedo.
Asimismo, el exvicepresidente sostiene que gran parte de esos hechos habrían prescrito, los comprendidos entre 2005 y 2010.
EFE