Un informe realizado por la Coalición por los DDHH y la Democracia, donde se analiza el estado de la justicia en Venezuela, las detenciones y juicios en el año 2023, evidencia cómo los tribunales en materia de terrorismo son usados como arma política para reprimir y castigar a la disidencia. En 2023, los efectivos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, siguen encabezando la lista de presos políticos.
A partir del año 2021, cuando se reformó el Código de Justicia Militar, se prohibió expresamente el juzgamiento de civiles en tribunales militares, lo que llevó a esa jurisdicción a declinar los casos a la jurisdicción ordinaria.
No obstante, con la reforma no cesó la persecución, sino que se utilizaron los tribunales con competencia en terrorismo para encarcelar las voces disidentes, tanto de civiles como de militares. En los hallazgos del informe se señala que no se reportaron civiles sometidos a juicios en la jurisdicción militar, pero aún hay civiles que están siendo juzgados por delitos militares.
La situación en materia de DDHH y de justicia militar en nuestro país, sigue siendo un tema muy preocupante. Los presos políticos civiles y militares son la muestra clara de la represión y la violación al debido proceso.
Durante el primer trimestre del 2023 se reportó que el 61 % de los presos políticos eran militares, mientras que el 39 % restante eran civiles. Esta proporción se mantuvo constante en el segundo trimestre, pero en el tercer trimestre, la cifra de militares disminuyó ligeramente a 58 %, aumentando la de civiles a 42 %, cerrando el año con 62 % de presos político militares y 38 % pertenecientes al sector de la sociedad civil.
En términos numéricos, el primer semestre del año se contabilizaron 293 presos políticos, divididos en 178 militares y 115 civiles. Para el segundo semestre, la cifra total de detenidos políticos disminuyó a 266, con 164 militares y 102 civiles.
La distribución de los casos en los tribunales refleja una realidad alarmante. En el 2023, 50 % de los casos se llevaron a tribunales con materia en terrorismo, 25 % a tribunales militares y 25 % a tribunales penales ordinarios. Sin embargo, en el tercer trimestre, los casos en tribunales de terrorismo aumentaron al 58 %.
Las violaciones al debido proceso han sido una constante en las últimas dos décadas. En 2023, el 94 % de los casos tuvieron retardo procesal y una ausencia probatoria y de igualdad procesal del 100 %. Algunas personas se encuentran detenidas de manera preventiva, es decir, sin ser llevados a juicio desde hace 5 años, las pruebas presentadas en los juicios se limitan a funcionarios actuantes durante la detención y a informes de inteligencia sin valor probatorio. También los detenidos son llevados a juicios sin contar con abogados de su confianza, lo que impide su derecho a la defensa.
La traición a la patria es el delito que encabeza las imputaciones contra civiles y militares, seguidos de conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, luego la rebelión militar, instigación a la rebelión, sin duda, hay una clara predominancia de los delitos relacionados con el terrorismo.
Durante el año 2023 fueron detenidas 15 personas, 10 civiles y 5 militares, de los cuales 7 fueron liberadas el mismo año, 4 se encuentran desaparecidos hasta el cierre del informe y 4 personas quedaron privadas de libertad, mientras en el periodo de enero a diciembre de 2023 fueron liberadas 42 personas detenidas por razones políticas.
El informe pone de manifiesto la urgente necesidad de reforma del sistema de judicial en Venezuela para garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su posición militar, civil y política. Así mismo, el informe subrayó el pronunciamiento de los organismos internacionales corroborando estas violaciones a los derechos humanos.
En lo que va de 2024, la Coalición por los DDHH y la Democracia no ha notado cambios significativos a favor del respeto de los derechos humanos. Aunque desde finales del año pasado se han dado algunas liberaciones enmarcadas en los acuerdos de Barbados, el clima de represión e injusticia se ha acrecentado en el primer trimestre del año.
Preocupa enormemente, la persecución y la utilización de sistema de justicia contra dirigentes políticos, periodistas y defensores de DDHH, así como los patrones continuados de ilegalidad como desapariciones forzadas al momento de las detenciones y detenciones arbitrarias.
Nota de prensa