Los 34 militares que estaban retenidos desde el viernes por una comunidad en el departamento del Meta, sur de Colombia, fueron liberados este sábado por mediación de la ONU y la Defensoría del Pueblo, informó el Ejército.
Los uniformados “se encuentran en buenas condiciones de salud y con su material y equipo completo”, indicó la institución en un boletín.
Más temprano la gobernadora local, Rafaela Cortés, denunció que detrás de la retención de los 31 soldados y tres oficiales estaban los rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), la mayor facción de disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016.
“Vienen instrumentalizando a la población civil para que se enfrenten a la fuerza pública (…) Esta presión se da por las últimas capturas que hemos realizado” contra esa organización, dijo la mandataria en un video en Instagram.
Las autoridades no precisaron en qué circunstancias se dio la retención, ni qué alegaba la comunidad. La Fiscalía investiga lo ocurrido.
“Las Fuerzas Militares mantendrán el despliegue operacional en esta zona con el objetivo de seguir garantizando la defensa de la vida, la biodiversidad, la seguridad y el bienestar de las comunidades”, indicó el Ejército.
El EMC adelanta negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro en medio de reveses y violaciones a lo pactado en la mesa de diálogos.
Más temprano, los rebeldes admitieron haber retenido a dos investigadores de la Fiscalía junto a una “acompañante” en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca (suroeste).
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el EMC en un boletín este sábado.
Negociaciones bajo tensión
Una serie de ataques contra civiles y la fuerza pública en medio de una tregua pactada entre el gobierno y el EMC a finales del año pasado colmaron la paciencia del presidente.
Los diálogos empezaron a diluirse el 17 de marzo, cuando el gobierno decretó el fin del cese al fuego bilateral en tres departamentos del suroeste del país tras el asesinato de una líder indígena por parte de rebeldes.
Los disidentes mantienen la presión en zonas rurales donde controlan la minería ilegal y el narcotráfico, en el país que más produce cocaína del mundo.
El EMC aseguró que los investigadores de la Fiscalía “fueron sorprendidos” el viernes en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la agrupación, que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
El martes el gobierno apartó de los diálogos al comandante rebelde alias Iván Mordisco, en un esfuerzo por salvar la política de “paz total” con la que busca desactivar el conflicto de seis décadas a través del diálogo con los principales grupos armados.
En 2022 la inteligencia militar calculaba el pie de fuerza del EMC en unos 3.500 combatientes.
Colombia vive un conflicto armado de seis décadas que ha dejado 9,5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
AFP