Apenas se inició el gobierno de Isaías Medina, apareció un dato revelador de los cambios en cuanto a estilo y forma de ejercer el poder. Designó al intelectual Arturo Uslar Pietri como secretario general de la Presidencia. Rompió la tradición de nombrar a un andino de extrema confianza en ese cargo. Prefirió a un capitalino de las nuevas promociones, deseoso por seguir demostrando competencia y capacidad como funcionario público. Venía de ser ministro de Educación durante el gobierno anterior. Su amplia cultura y entusiasmo por la política lo convirtieron pronto en el ideólogo del régimen. Para equilibrar las cargas escogió para gobernador del Distrito Federal al doctor Luis Gerónimo Pietri, de rancio abolengo gomecista.
El campo opositor no perdió tiempo. Desde los primeros días desplegó una intensa campaña dirigida a bajarle el tono agresivo a la acción política. Recomendó asumir normas de sana convivencia, acorde con el momento y espíritu de reconciliación reinante. Valmore Rodríguez, uno de sus más destacados líderes, llamó a “Humanizar la política, canalizándola fuera del odio primitivo y feroz, hacia un ambiente de cultura, tolerancia y buena fe.” A los funcionarios públicos les recomendó tener respeto por las opiniones ajenas a la verdad oficial. “Quien se muestre incapaz de tolerar un criterio disidente, pregona ser indigno de que se le respete el suyo.” Escribió para la prensa.
Fue prioritario para esta corriente socialdemócrata regular el comportamiento político de una sociedad en transición. No solo en términos de participación, sino en cuanto a su estructura social y económica. Querían sentar bases concretas para la edificación de un sistema político estable y duradero. Con reglas claras para su funcionamiento. Capaz de administrar los conflictos entre competidores organizados, con el fin de dar cumplimiento, en sana paz, al principio constitucional de la alternabilidad en el poder.
Los pronósticos sobre un ineludible ejercicio autoritario se desvanecieron desde los primeros meses. La primera prueba de fuego se presentó cuando los herederos del moderado PDN clandestino, solicitaron la legalización de Acción Democrática. Medina dio el visto bueno, pero a condición de superar los requisitos exigidos por la Ley para Garantizar el Orden Público y el Ejercicio de los derechos Individuales. La famosa “Ley Lara” aprobada en el gobierno anterior.
La Asamblea Constitutiva de Acción Democrática se llevó a efecto el 11 de mayo de 1941, en la casa de habitación de Rómulo Gallegos ubicada en la parroquia El Valle de Caracas. En dicha reunión se aprobaron estatutos, programa y junta directiva. Luego se realizaron las diligencias para su legalización, ante la gobernación del Distrito Federal, entidad encargada de procesar y aprobar estas solicitudes.
El paso siguiente fue responder el célebre “cuestionario inquisitorial” aprobado en Consejo de Ministros el 30 de mayo de 1941. En la nota enviada por la gobernación a los solicitantes de la legalización, se les ordenó modificar aspectos del programa y los estatutos. Igualmente, pronunciarse “de manera clara, precisa y categórica” sobre el derecho de propiedad, la libertad económica, la lucha de clases, la familia y el Estado. Una especie de examen ideológico con el propósito de demostrar su desvinculación con las ideas comunistas.
Sin interponer reclamos y obviando las molestias causadas por el odioso procedimiento, el 14 de julio de 1941 se entregaron las correcciones solicitadas y un apretado resumen sobre la orientación ideológica de la nueva organización. Firmaron la correspondencia: Andrés Eloy Blanco, Luis Lander, Juan P. Pérez Alfonzo, Ricardo Montilla, Luis B. Prieto F., Julio Ramos y Arturo Briceño. La moderada reacción significó un cambio en la tradicional manera de enfrentar los desafíos. Se sobrepuso el interés general por encima de la ética de los principios.
El objetivo se logró el 29 de julio de ese mismo año, cuando se le concedió permiso para actuar legalmente. El 13 de septiembre de 1941, se celebró un acto público en el Nuevo Circo de Caracas. En el evento, Acción Democrática le anunció al país el inicio de sus actividades, apegado a las normas constitucionales vigentes. Desde entonces, se consideró esta fecha como la de su fundación.
Medina cumplió con a la palabra empeñada. Empezó a implementar otra manera de proceder frente a las demandas de una sociedad en proceso de trasformación. Buscó establecer lazos de comunicación con el campo opositor. Otorgó reconocimiento y legitimidad a una fuerza en ascenso. Empeñada en convertirse en una eficaz articuladora de demandas y protagonista de la interlocución con el Estado y sus instituciones.
A partir de este momento, AD aumentó el deseo por alcanzar el poder. En preparar y organizar una maquinaria eficiente y disciplinada apoyada en las múltiples expresiones del tejido social. Dirigida por una vanguardia, responsable y honesta, dispuesta a ejercer la política bajo una ética militante. De inobjetable vocación de servicio en favor del bien común. Integrada por luchadores sociales dedicados al trabajo constante y al estudio. Al sacrificio y a la entrega por un país mejor.
Convertida en la principal fuerza de la oposición, insistió en la modernización del sistema electoral. Abogó por la elección directa del presidente de la República. Enfrentó a quienes negaban el voto universal y secreto para renovar las asambleas legislativas, cámaras municipales y el Congreso. Criticó con dureza las acomodadas elecciones de segundo y tercer grado. Se enfrentó a la incompatibilidad de las funciones legislativas con las del Ejecutivo.
Mientras tanto, superado el episodio de la legalización y robustecida la idea del partido como herramienta adecuada para interactuar con la sociedad, el presidente Medina ordenó sustituir a las desacreditadas “Sociedades Cívicas Bolivarianas” por un movimiento nacional dedicado a la defensa de su gestión administrativa. En un primer momento, tomó el nombre de “Partidarios de la Política del Gobierno” y luego Partido Democrático Venezolano. Contó con la colaboración de destacados intelectuales y representantes de la “Generación del 28”. La iniciativa elevó la calidad de los debates en el parlamento y en la prensa. En estos escenarios destacó la llamada “Ala luminosa” del medinismo.
El PDV se propuso contener y reducir el impacto en la población de la tenaz oposición. El prestigio intelectual y la sólida formación académica de sus principales animadores no le garantizaron un mejor destino al que le deparó la realidad. Eso sí, reveló la existencia de una sincera voluntad de búsqueda de valores e instrumentos de coexistencia civilizada de la lucha política en gestación.
No se propusieron organizar un partido de masas. Al parecer no tenía sentido. El número de electores apenas llegaba a un 5% de la población nacional. Aumentó con la “chucuta” reforma constitucional del 5 de mayo de 1945. Se sumaron, con derecho al sufragio para elegir diputados y senadores, todos los ciudadanos alfabetos, mayores de 21 años. A las mujeres, solamente se les permitió participar en las elecciones municipales. Ni con el voto restringido de electores alfabetos, se logró incorporar la elección directa del presidente de la República. De tal manera que, con pocos “funcionarios públicos”, un selectivo grupo de “independientes” en cada estado y lo “más selecto del pensamiento del país”, se sentían seguros de salir victorioso, en ese reducido y limitado campo de la contienda electoral.
A lo largo del quinquenio inconcluso, como lo llamó Tulio Chiossone, se amplió el espacio y se mejoró el ambiente para intervenir con libertad en el ámbito político. Entre marchas y contramarchas, prevaleció la visión conservadora y elitista. Fue un ejercicio de aprendizaje y entrenamiento sobre el modo de interactuar entre gobernantes y gobernados. Enriquecido con el desarrollo cualitativo de la competitividad electoral.