Los derechos ciudadanos conforman la piedra angular de una sociedad activa y participativa en la vida nacional, plasmados en el texto constitucional que nos rige como país. Son fundamentales en cualquier sociedad moderna donde la participación ciudadana es esencial para mejorar la relación entre el Estado, sus instituciones y las organizaciones civiles que representan dichos derechos, tales como organizaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos, gremios profesionales, entre otros.
El bienestar social se manifiesta en los niveles de educación, los ingresos familiares provenientes de salarios y otros beneficios, y en todo lo que permite a los ciudadanos disfrutar de una mejor calidad de vida. Sin embargo, el bienestar social tan anhelado por la mayoría de los ciudadanos no se ha logrado como se esperaba, debido a diversas razones que han impedido alcanzar los niveles de desarrollo humano deseados. Se observa que, a pesar de la elevada presencia del Estado en la infraestructura económica nacional, no se alcanzan las metas anunciadas y deseadas para sostener un mayor bienestar social. Nos enfrentamos a las limitaciones observadas en buena parte de este conglomerado público, que restringen las soluciones necesarias para proporcionar a los ciudadanos los bienes y servicios que requieren de manera adecuada.
Actualmente, se evidencian las discrepancias entre las instituciones estatales y las organizaciones civiles que conforman la vida activa del país, especialmente a medida que se acercan las elecciones presidenciales y se radicalizan las posturas. Esto convierte el debate político necesario en confrontaciones que generan angustia y preocupación en gran parte de la ciudadanía. Se percibe que este antagonismo tiene efectos negativos en el bienestar social, al no lograr propuestas que faciliten soluciones a las necesidades del conglomerado social, que exige acuerdos básicos para alcanzar la paz social deseada.
Resulta claro que la interdependencia entre los derechos ciudadanos y el bienestar social requiere un compromiso continuo por parte de las instituciones estatales y la sociedad civil para encontrar soluciones que impulsen el progreso colectivo. En lugar de sucumbir a la polarización y la confrontación, es imperativo fomentar un diálogo constructivo que promueva la colaboración y el consenso. Solo a través de un esfuerzo conjunto y una visión compartida de un futuro más justo y próspero, podremos superar los desafíos que obstaculizan el pleno disfrute de nuestros derechos y el logro de un bienestar social duradero.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.