Un juez de apelaciones de Aruba prohibió al gobierno de esa isla ejecutar deportaciones de personas mientras están litigando contra las negativas al otorgamiento de medidas humanitarias.
La sentencia fue emitida por el magistrado Joop Drop en atención a la apelación de un venezolano de 27 años de edad, que salió de su país natal en febrero de 2019. Este hombre, de profesión barbero, solicitó una medida de protección ante el Ejecutivo de la isla en febrero de 2021. En octubre de 2023, presentó una segunda solicitud.
El Ministerio de Justicia y Asuntos Sociales, a cargo de Rocco Tjon, desestimó la primera petición del venezolano, y ordenó su inmediata expulsión de la isla. En los registros judiciales se destaca que, efectivamente, al hombre le dieron “0 días” para poner en orden sus asuntos personales.
El despacho de Tjon intentó aplicar esta medida con base en la Ordenanza Nacional sobre Admisión y Deportación, y la Ordenanza Nacional sobre Jurisdicción Administrativa.
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