Un grupo de congregaciones cuáqueras ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) por anular la regla que prohibía a los agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar redadas en los llamados “lugares sensibles”, como lugares de culto, parques infantiles, escuelas y hospitales sin la aprobación de sus supervisores.
Esta política, que había estado en vigor bajo varias presidencias –incluso en el primer mandato de Donald Trump– fue rescindida la semana pasada por el republicano al inicio de su segundo mandato.
La demanda, que fue presentada en un tribunal federal de distrito en Maryland este lunes, alega: “La sola amenaza de esos operativos disuade a los feligreses de asistir a los servicios, especialmente a los miembros de las comunidades inmigrantes”.
Argumenta en ese sentido que asistir a los servicios religiosos está en el corazón de la “garantía de la libertad religiosa”.
Líderes religiosos, funcionarios locales y educadores se han opuesto a la eliminación de esa política, y han sido claros de manera pública sobre su oposición, pero la demanda parece ser la primera de una organización religiosa que desafía la nueva política ante la justicia.
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