Alrededor de 60 operaciones militares se han llevado a cabo en Venezuela en el período que abarca los años 2020 – 2024, esto, con el objetivo de contrarrestar la acción de grupos armados irregulares (GAI) en zonas estratégicas del país, dentro de ellas destacan: Escudo Bolivariano 2020, Escudo Bolivariano 2021 – Operación Jiwi, operación Trueno 2022, Autana I-2022, Roraima 2022, Manaure 2023, Relámpago del Catatumbo tanto en el 2022, 2023 y recientemente en este 2025.
Sin embargo, pese a la ejecución de estos operativos, la acción de estos grupos cada día se incrementa no sólo en los estados fronterizos del país, sino a lo largo y ancho del territorio nacional, donde el desarrollo de actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, ex:orsiones y reclutamiento, constituyen el principal interés de permanencia y acción de los GAI, desencadenando con ello enfrentamientos, pugnas por control de territorio y una escalada de hechos violentos que FundaRedes monitorea y documenta diariamente.
El Estado venezolano al señalar que se llevan a cabo diversos procedimientos contra grupos irregulares reconoce abiertamente su presencia y acción impune en Venezuela, tal como por años ha denunciado FundaRedes en sus diversos boletines e informes.
Lamentablemente los principales impactados por la acción de estos grupos y por la ejecución de las operaciones militares son la población civil de las comunidades que comparten territorio con los GAI, pues han sido múltiples los testimonios que dan cuenta de graves violaciones de derechos humanos en el marco de estos operativos, donde se han ejecutado allanamientos sin orden judicial, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales, y en muchos de estos casos a las víctimas se les ha acusado de pertenecer a estos grupos armados de manera infundada, cuando en realidad son agricultores, trabajadores de fincas, amas de casa, estudiantes y en muchos casos personas de la tercera edad y con discapacidad.
Es necesario recordar que en 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado que, en Venezuela existe un patrón persistente de uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad desde al menos el año 2012. El Estado venezolano ha organizado sus operativos bajo una serie de planes de seguridad de alto nivel cuyos detalles son desconocidos, puesto que generalmente no están disponibles públicamente.
El incremento en la actividad de los grupos armados irregulares en Venezuela, pone de manifiesto la inefectividad de las estrategias de seguridad implementadas por el Estado. La violencia, la violación de derechos humanos y el sufrimiento de la población civil continúan bajo silencio, ante esta crisis que se perpetúa en un ciclo de violencia y desamparo que afecta a los más vulnerables.
Nota de prensa