Donald Trump hablaba en serio cuando prometió en campaña que volcaría todas sus fuerzas en hacer frente a la inmigración ilegal. Para ello no está solo, sino que cuenta con sus fieles partidarios de Florida. Además del temor con el que desde hace casi un mes viven los inmigrantes —cuando mandan a sus hijos a la escuela, asisten a una consulta médica o van de compras al supermercado—, el gobernador republicano Ron DeSantis está convencido de que los indocumentados deben pagar ciertos delitos con la más extrema de las sanciones, es decir, con su vida. Varios legisladores del Estado del Sol pretenden implementar la pena de muerte de manera “automática” y “obligatoria” para quienes permanecen de forma ilegal en el país y hayan sido condenados por delitos capitales.
Por El País
La propuesta despierta desacuerdos entre republicanos, demócratas y aquellos conocedores de la ley que la tildan de inconstitucional. Se trata de un proyecto de ley que asegura que el tribunal “condenará a muerte a un acusado que sea extranjero no autorizado” y que haya sido declarado culpable de un delito capital, lo cual limita el margen de decisión del juez o un jurado, condenando a todos por igual sin analizar las individualidades de cada caso, sin tener en cuenta factores “agravantes” y “atenuantes” en el proceso.
Los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C darían luz verde a que los tribunales apliquen la pena máxima a inmigrantes indocumentados condenados por asesinato en primer grado, violación de menores de edad, así como el tráfico de sustancias controladas, que constituyen delitos capitales en el Estado de Florida. También extiende la pena capital a los inmigrantes ilegales que sean miembros de bandas delictivas.
En un memorando dirigido a los legisladores, el presidente del Senado, el republicano Ben Albritton y el presidente de la Cámara, Danny Pérez, aseguraron que el propósito principal de aprobar estas leyes era “combatir la inmigración ilegal”. “Si un inmigrante ilegal es condenado por un delito capital, incluido el asesinato o la violación de un menor, la pena de muerte es obligatoria”, sostuvieron.
Maria DeLiberato, la directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, por sus siglas en inglés), una organización que trabaja para poner fin a la pena de muerte en el Estado, compartió con EL PAIS la carta enviada al Comité de Asignaciones del Senado de Florida. El texto asegura que este proyecto de ley ataca directamente la 6ª Enmienda, eliminando “el derecho a un juicio con jurado en una sentencia capital”, y exige que un tribunal imponga una sentencia de muerte “obligatoria de manera inmediata”, algo que considera “constitucionalmente inadmisible”, ya que conlleva la anulación de 50 años de precedentes legales establecidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
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