A veces Pedro Correa piensa que todo esto se trata de algo más, de algún juego político que al final ofrecerá un gran plan para los venezolanos. Es el único consuelo que puede darse a sí mismo. No le cabe en la cabeza que Donald Trump haya reconocido que más del 90% de la comunidad venezolana le dio el voto en las elecciones de noviembre, y que ahora dicte precisamente contra ellos sus primeros decretos contra la migración. “El tema no es que haya cargado contra la inmigración en general, sino específicamente contra la venezolana. Si estaba agradecido por nuestro voto, ¿cuál es ese doble discurso?”, se pregunta.
Por El País
Como Correa, muchos venezolanos sienten como si Trump les hubiese mordido la misma mano con la que lo votaron en las urnas. El republicano prometió en campaña sostener una política de “máxima presión” contra Nicolás Maduro, pero su nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, insiste en que Venezuela es hoy un país seguro, al que todos los exiliados deben regresar (en vuelos de deportación si es necesario). “En Venezuela no se dan las condiciones para volver”, refuta Correa.
El venezolano de 70 años no podría asegurar que esté “arrepentido” de haber dado su voto al Partido Republicano, un bando que, según dice, se alinea con sus intereses como cristiano y conservador. Pero ya no sabe qué pensar. Llegó de Venezuela en 1994 y, una vez obtuvo la ciudadanía estadounidense, su primer voto fue para Barack Obama, un tipo que le parecía “carismático”, le gustaba la idea de un primer afroamericano en el poder. Pero en las siguientes dos elecciones se distanció de los demócratas. “Por el libertinaje de la Administración de Joe Biden”, dice. Y con “libertinaje” se refiere a los temas de identidad de género en la educación o a la participación de personas trans en los deportes, con los que no comulga.
Había pasado una semana de la llegada de Trump a la Casa Blanca cuando comenzaron a filtrarse los primeros rumores de la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), una sombrilla legal bajo la que viven en el país unos 600.000 venezolanos, y que ha brindado permanencia segura y permiso de trabajo a más de un millón de ciudadanos de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Líbano, Venezuela y Haití. Hace unos días, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación oficial del programa, pero solamente para los 300.000 venezolanos beneficiados en 2023, un grupo que a partir de octubre pasará a formar parte de los más de 13 millones de indocumentados del país.
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