En Venezuela, el sistema penitenciario se divide en tres categorías igualmente precarias: los calabozos policiales, los establecimientos penitenciarios y las cárceles para presos políticos.
Cada uno de estos espacios refleja una crisis humanitaria persistente, caracterizada por el hacinamiento, la falta de condiciones mínimas y la violación sistemática de derechos humanos.
Los calabozos policiales, concebidos para retenciones temporales de 48 horas, se han transformado en prisiones improvisadas, con instalaciones inadecuadas y personal sin capacitación para atender a los reclusos.
En las cárceles formales, el hacinamiento es crítico, la infraestructura está en ruinas, la alimentación es deficiente y los servicios médicos son inexistentes.
Paralelamente, las prisiones para presos políticos son utilizadas como centros de castigo para líderes políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, militares y manifestantes, quienes son encarcelados únicamente por ejercer su derecho a la disidencia.
El año 2024 estuvo marcado por una creciente violación de los derechos humanos y el colapso definitivo del Estado de Derecho en Venezuela. Antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Nicolás Maduro advirtió sobre un «baño de sangre» en caso de no resultar vencedor.
Luego de ser proclamado ganador, la respuesta estatal ante las manifestaciones pacíficas fue brutal: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecuciones políticas y torturas.
El propio Maduro admitió que dos mil 229 personas fueron detenidas en este contexto. Ante esta situación, organismos internacionales se pronunciaron con preocupación:
- El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció un «clima de miedo» en Venezuela.
- La Misión de Determinación de Hechos de la ONU alertó sobre el alto riesgo de desintegración del Estado de Derecho.
- Expertos de Naciones Unidas exigieron el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos tras las elecciones.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso del terrorismo de Estado.
- El Fiscal de la Corte Penal Internacional reafirmó el avance de las investigaciones y pidió la liberación de todos los detenidos por motivos políticos.
Con hacinamiento extremo, las cárceles de Tocorón y Tocuyito fueron reabiertas para albergar a disidentes políticos, en lugar de cumplir con las promesas de recuperación y reubicación de los presos trasladados durante la «Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro» en 2023. Esta decisión improvisada ha sumado más víctimas al colapso penitenciario.
La falta de atención médica ha cobrado vidas. Entre los fallecidos están:
- Jesús Manuel Martínez Medina, muerto el 14 de noviembre en el Hospital Universitario «Dr. Luis Razetti» de Anzoátegui.
- Jesús Rafael Álvarez, fallecido el 12 de diciembre en el Internado Judicial de Tocuyito.
- Osgual Alexander González Pérez, quien perdió la vida el 15 de diciembre en la misma cárcel.
Desde 2021, Nicolás Maduro ordenó que el Ministerio para el Servicio Penitenciario asumiera la custodia de los detenidos en las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Sin embargo, esta medida ha quedado en el papel.
En la práctica, estas instituciones operan como cárceles clandestinas, donde no hay regulación ni supervisión efectiva, dejando a los reclusos y a sus familias en total desamparo. A pesar de la normativa vigente, las autoridades continúan ignorando su deber de garantizar los derechos de los detenidos.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario fue creado en 2011 tras la crisis carcelaria de El Rodeo. Sin embargo, lejos de solucionar el problema, el sistema penitenciario sigue sumido en la corrupción, el hacinamiento, la violencia y la negligencia estatal.
La Constitución venezolana establece un modelo penitenciario basado en la rehabilitación y la reinserción social. No obstante, mientras la gestión siga caracterizándose por la ineficiencia y la indiferencia, los reclusos y sus familias seguirán siendo las principales víctimas de un sistema en colapso.
Por ello, instamos al Ministerio para el Servicio Penitenciario a restablecer los derechos de la población reclusa y exigimos que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público cumplan su papel en la protección de los derechos humanos. Asimismo, recordamos el compromiso del Estado venezolano con normativas internacionales como las Reglas Nelson Mandela, las Reglas de Bangkok y las Reglas de Beijing, que establecen estándares mínimos para el trato digno de los reclusos.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, continuaremos siendo la voz de quienes han sido silenciados por un sistema penitenciario que, en lugar de garantizar la justicia, los condena al olvido e incluso a la muerte.