En un movimiento que ha generado un intenso debate, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una serie de leyes de inmigración que, según sus defensores, son las más estrictas del país. Las medidas buscan fortalecer la aplicación de la ley migratoria a nivel estatal y local, alineándose con la promesa de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.
Por Infobae
Endurecimiento de las penas para inmigrantes sin autorización
Las nuevas leyes incrementan las penas para los inmigrantes que cometan delitos en el estado de Florida sin contar con autorización legal para permanecer en Estados Unidos. Entre los cambios más significativos, se establece la pena de muerte para quienes sean declarados culpables de delitos capitales, como asesinato en primer grado o violación infantil.
Esta medida ha provocado una fuerte reacción de parte de sectores políticos y defensores de derechos civiles, quienes argumentan que contradice precedentes establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos. Algunos legisladores republicanos también expresaron reservas sobre la constitucionalidad de la medida.
Creación de un nuevo delito de ingreso ilegal a Florida
Las leyes también introducen un nuevo delito estatal: el de ingresar a Florida tras haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Esta disposición afecta a los inmigrantes mayores de 18 años que, después de haber evitado inspecciones oficiales en la frontera, se desplacen hasta el estado.
El propósito de esta norma es proporcionar a las autoridades estatales mayores herramientas legales para procesar a quienes ingresen al territorio de Florida sin autorización. Sin embargo, críticos han señalado que esta política podría llevar a la persecución de inmigrantes que llevan años viviendo en el país sin antecedentes criminales.
Eliminación de la matrícula estatal para estudiantes sin estatus legal
Otra de las medidas revoca una ley de 2014 que permitía a estudiantes inmigrantes en situación irregular acceder a la matrícula estatal en universidades públicas, lo que les permitía pagar tarifas más bajas que las aplicadas a estudiantes de otros estados.
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