Jonathan Josué Bravo Palencia, un adolescente de 17 años con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y tics motores, enfrenta una detención arbitraria y sin pruebas bajo la acusación de terrorismo en Venezuela. Su caso refleja graves violaciones a los derechos humanos y procesales, poniendo en riesgo su integridad física y emocional.
Así lo reseñó en redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
El 11 de enero de 2025, a las 3:00 p.m., Jonathan fue detenido en su hogar en Coro, estado Falcón, sin orden judicial, por un grupo de hombres encapuchados y armados. Lo sacaron de su casa por la fuerza, bajo amenazas de muerte, generando un profundo impacto en su familia. Su madre fue agredida, mientras su hermana de 9 años quedó aterrorizada. Durante el traslado, una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo golpeó, agravando el abuso de autoridad.
Jonathan había culminado el bachillerato y se preparaba para estudiar odontología en la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. Creció en una familia trabajadora y sin antecedentes penales. Participaba en un grupo de WhatsApp con amigos que tenían la intención de formar una agrupación musical y eventualmente tocaban temas del acontecer nacional. Sin embargo, en ese grupo, un participante hizo comentarios sensibles. Aunque Jonathan no participó en esas conversaciones ni promovió ninguna acción ilegal, fue acusado sin pruebas de un supuesto plan terrorista para secuestrar al gobernador del estado Falcón.
Su detención se dio en un contexto de alta tensión política, coincidiendo con la toma de posesión presidencial. Tras su aprehensión, fue trasladado irregularmente a Caracas sin que su familia fuera notificada. Esto ocurrió pese a que una jueza ordenó su permanencia en Coro. Su madre solo se enteró del traslado cuando fue a llevarle la cena. Luego de buscarlo en diferentes centros, lo halló en la PNB La Yaguara, donde estuvo recluido durante más de 30 días con adultos, en condiciones inadecuadas para un menor de edad.
En este centro de detención, Jonathan enfermó gravemente con edematización, vómitos y fiebre. A pesar de su estado y su historial de salud, no recibió atención médica oportuna. Su audiencia preliminar fue el 11 de febrero, cuando se ordenó su traslado a la Entidad de Atención Ciudad Caracas sin garantías de sus derechos y bajo supuesto cargos de terrorismo e incitación al odio. Luego, el 20 de febrero, fue regresado a Coro, y se encuentra actualmente en la Entidad de Atención para varones.
Al llegar nuevamente a Coro, fue examinado en el Hospital Universitario, pero su familia fue informada de que no podría verlo por 15 días, dejándolo en completo aislamiento. Durante todo este proceso, ha estado privado de una defensa justa y sin acceso adecuado a sus abogados o familiares, violando sus derechos fundamentales.
Su madre, Francis Palencia, espera el inicio del juicio sin que se le haya notificado quién es el juez. El defensor público no le atiende para brindarle información ni responde sus llamadas.
Su caso evidencia la represión arbitraria en Venezuela, donde un joven con una condición especial ha sido sometido a un proceso injusto basado en pruebas inexistentes. Su familia exige su inmediata liberación, el respeto a sus derechos y una investigación sobre los abusos cometidos. También se demanda sanciones para los responsables de su detención irregular y el uso excesivo de la fuerza.
Jonathan Josué Bravo Palencia es inocente. Su encarcelamiento representa un atentado contra su vida y salud, así como el uso de la persecución política como herramienta de represión. Es urgente que se respeten sus derechos y se garantice su libertad.
