Países completos, como México, considerados en documentos estadounidenses “instalaciones” migratorias para deportados. Familias asiáticas trasladadas en avión a Panamá y Costa Rica a la espera de ser repatriadas. Venezolanos procedentes de la base de Guantánamo en Cuba que cambian de avión en un aeropuerto hondureño para ser devueltos a Caracas.
Por AP
Estas escenas envían un mensaje inequívoco: quien cruce irregularmente la frontera estadounidense será expulsado y son parte de las bases sentadas por la administración de Donald Trump para organizar el flujo migratorio en dirección inversa —es decir, de Norte a Sur—. Con cifras todavía modestas, esboza cómo Estados Unidos quiere resolver su limitada capacidad de detención migratoria y poner en marcha su maquinaria de deportaciones.
En su primer mes la administración Trump ha hecho acuerdos migratorios —de mayor o menor calado— con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actúen como países “puente” o destino de migrantes expulsados de territorio estadounidense.
Además, ha enviado a migrantes a la prisión de Guantánamo, ha tenido contactos con Venezuela para que recoja a sus nacionales en Texas o en Honduras y también ha mantenido conversaciones con Colombia.
Sin embargo, no se ha divulgado ningún acuerdo escrito, lo que ha suscitado enormes preocupaciones entre organizaciones de defensa de los derechos humanos que denuncian formas de actuar de cuestionada legalidad, como las “deportaciones en cadena”, que no garantizan las necesidades de protección establecidas en las convenciones internacionales.
Adam Isacson, investigador de WOLA, una organización no gubernamental con sede en Washington, cree que muy probablemente sólo haya habido “apretones de mano” y cierta improvisación entre altos funcionarios mientras lo pactado se mantiene lejos del escrutinio público.
Parte de estos acuerdos se ha logrado mientras se ejercían fuertes amenazas como la imposición de aranceles, en el caso mexicano, o presiones para reducir los costos de tránsito y la influencia china en el Canal de Panamá. Otros se cerraron por afinidades o intereses políticos.
Además, estos acuerdos han tenido lugar en medio de un gran recorte de fondos estadounidenses a los países de la región y del dinero que reciben agencias de la Naciones Unidas y organizaciones civiles que velan por los derechos de los migrantes.
En su primera administración, Trump logró que México, Guatemala y Honduras reforzaran su seguridad para contener el flujo de migrantes hacia el norte —el gobierno mexicano incluso militarizó su política migratoria — y llegó a acuerdos con esos tres países y El Salvador para que recibieran a solicitantes de asilo, aunque sólo se concretaron en el caso de Guatemala y México, que recibió a más de 70.000, muchos de los cuales acabaron retornando a sus países.
En esta segunda presidencia de Trump, con diálogos liderados por el secretario de Estado Marco Rubio, la fiscal general y la secretaria de Seguridad Interior —según dijo el propio Rubio—, la envergadura de lo pactado es muy variada.
Lea más en AP