Panamá, y se llega por una carretera llena de baches y, a menudo, solitaria. Es una zona localizada al borde de la peligrosa selva del Darién.
Por: NY Times
Desde hace más de una semana, acoge a más de 100 solicitantes de asilo de todo el mundo. Rodeados de vallas y guardias armados, duermen en catres o duros bancos.
Se ha prohibido la entrada a periodistas, los abogados dicen que se les ha impedido hablar con sus clientes y es el gobierno el que está al mando, no los grupos de ayuda internacional que, según las autoridades panameñas, son los que organizan la operación.
Los migrantes forman parte de los varios centenares de personas que llegaron en las últimas semanas a la frontera sur de Estados Unidos, con la esperanza de solicitar asilo en el país, y fueron deportados rápidamente a Centroamérica.
Desde entonces, se han convertido en casos de prueba en el esfuerzo del gobierno de Donald Trump por enviar a otros países a algunas de las personas más difíciles de deportar. De las aproximadamente 300 personas enviadas a Panamá, más de la mitad han aceptado ser repatriadas, según el presidente Raúl Mulino.
Otros 112 han dicho que para ellos es demasiado peligroso regresar a sus países o que carecen de documentación que les permita hacerlo. Ahora se encuentran en el campamento cerca de la selva sin saber cuánto tiempo estarán retenidos ni adónde los enviarán después.
Aunque su número es pequeño, sus casos resaltan a la tensión entre los objetivos del gobierno de Estados Unidos de expulsar a un gran número de migrantes y los límites de los países latinoamericanos que trabajan para facilitar esas ambiciones, bajo la enorme presión del presidente Trump.
Panamá, al igual que Estados Unidos, no puede deportar fácilmente a personas a lugares como Afganistán e Irán, a menudo porque esos países se niegan a readmitir a sus ciudadanos.
Entre las personas atrapadas en el campamento hay al menos ocho niños, así como mujeres que huyen de los talibanes en Afganistán y cristianos conversos que huyen del gobierno en Irán. Ninguno ha sido acusado de delitos, según funcionarios panameños.
En el interior del campamento, unas pocas personas aún tienen acceso a teléfonos móviles y han podido comunicarse con The New York Times.
“Les dijimos: nos están tratando como a prisioneros”, dijo Sahar Bidman, de 33 años, iraní y madre de dos hijos. “Cuando quiero llevar a mis hijos a la ducha nos escoltan”.
Mientras las autoridades panameñas se esfuerzan por averiguar qué hacer con este grupo, se han enfrentado a crecientes críticas de abogados y activistas de derechos humanos.
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