El periodista mexicano Alberto Amaro, exiliado de forma temporal en España por estar amenazado, denunció este miércoles la violencia que sufren los informadores en su país, lo que, lamentó, lleva a algunos a la autocensura como forma de poder sobrevivir.
“La mayor autoherida que se puede hacer un periodista es la autocensura y, en muchas ocasiones, lo hemos tenido que hacer por seguridad de nosotros y por seguridad de nuestra familia”, explicó Amaro en un encuentro con periodistas en Santander (norte de España), donde este jueves participará en una charla para exponer la situación que viven los informadores en México.
Tras cinco meses acogido en España gracias a un programa de Amnistía Internacional, reconoce que está “más tranquilo”, aunque no descarta volver a su país, una decisión que deja en manos de su familia, sobre todo de sus hijos, que son los que pagan esta situación y añoran a sus amigos y su modo de vida.
Si vuelve a México, Alberto Amaro, que sigue escribiendo en un periódico digital de difusión local, seguirá estando entre los periodistas amenazados en un país que “lamentablemente es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de una zona de guerra”.
De hecho, recordó que desde el año 2000 han sido asesinados más de 170 periodistas, una cifra que “va aumentando”, advirtió, de los que dos son mujeres, mientras que hay 31 informadores desaparecidos.
“Hay una impunidad del 95 por ciento tanto de agresiones como en asesinatos”, afirmó Alberto Amaro, quien aclaró que la violencia que sufren los periodistas no procede solo de los grupos de delincuencia organizada, sino también de los gobiernos. “El 45,75 por ciento de las agresiones provienen de un Gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, y tan solo el 25 % de las agresiones aproximadamente se derivan de un grupo delictivo”, definió.
“Agredir a periodistas es símbolo de impunidad”
Amaro, que en principio va a permanecer un año en España, incidió en que “decir la verdad en México es complicado” y explicó que, a través de su periódico digital, Tlaxcala, nombre de la región en la que vive, traslada las quejas ciudadanas y denuncia la corrupción de los grupos de delincuencia organizada relacionados con los cuerpos policiales, lo que le llevó a empezar a recibir amenazas en 2019.
A partir de ahí, pasó a estar incluido en el mecanismo de protección a defensores de los Derechos Humanos y periodistas del Gobierno de México, un instrumento que “no existe en ningún país y lamentablemente nunca debería haber sido necesario crear”, pero que no impidió que ocho compañeros suyos incluidos en ese registro fueran asesinados.
En su caso, destacó que un informe de Amnistía Internacional publicado el año pasado sobre la situación de los periodistas mexicanos en el que aparecía su nombre le dio relevancia internacional y le permitió acogerse a esta programa de protección de un año en España.
Sin embargo, recordó que dos compañeros suyos, que también aparecían en el informe, ya no están vivos, mientras criticó que las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas en México “viven el sueño de los justos”, sin detenciones ni condenas. “Los delincuentes ya se dieron cuenta de que agredir a un periodista es símbolo de impunidad, que eso no se investiga”, ahondó Amaro.
Y se quejó de las “fallas” que tiene el sistema mexicano de protección a periodistas, del que, como le ocurrió a él, puedes salir tras la detección de la persona que profirió las amenazas, lo que no hace desaparecer el riesgo por que se trata de miembros de grupos que tienen recursos económicos y poder “para hacer daño en cualquier lugar”.
EFE