En el corazón del Condado Miami-Dade, hogar de la comunidad venezolana-estadounidense más grande de los Estados Unidos, la ciudad de Doral aprobó una resolución en apoyo de la Ley de Ajuste Venezolano, un proyecto de ley del Congreso que busca proporcionar un estatus legal permanente a los venezolanos que han reconstruido sus vidas en los Estados Unidos después de huir de la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Por El Nuevo Herald
La resolución llega en un momento crítico para la comunidad venezolana, que ha estado enfrentando la postura inflexible de la administración Trump en cuanto a la inmigración. La administración ha etiquetado a los venezolanos en general como criminales, vinculando a la comunidad con pandillas peligrosas como el Tren de Aragua, y tomó la controvertida decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ofrece protección contra la deportación.
“La Ley Ajuste Venezolano ofrecerá estabilidad y protección legal; instamos a la acción federal,” dijo el concejal Rafael Pineyro, el único miembro venezolano en el concejo de Doral. Pineyro, patrocinador de la resolución, afirmó que esta hace un llamado a los legisladores para que defiendan políticas que brinden vías legales hacia la residencia permanente para los ciudadanos venezolanos, particularmente a la luz de la suspensión de las protecciones de TPS.
La Ley de Ajuste Venezolano tiene como objetivo otorgar estatus de residente permanente a los venezolanos que cumplan con criterios específicos, incluidos aquellos que ingresaron a los Estados Unidos el 31 de diciembre de 2021 o antes. Introducida por primera vez en mayo de 2022 por un grupo de legisladores demócratas, el proyecto de ley ganó un impulso significativo en 2023 con el apoyo bipartidista de los representantes estadounidenses María Elvira Salazar, republicana de Miami, y Darren Soto, demócrata de Florida Central.
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