El gobierno de Donald Trump dio un gran paso hacia un enfrentamiento constitucional con el poder judicial cuando aviones repletos de detenidos venezolanos aterrizaron en El Salvador a pesar de que un juez federal había ordenado que las aeronaves dieran marcha atrás y regresaran a los detenidos a Estados Unidos.
El presidente derechista de El Salvador, Nayib Bukele, se jactó de que los 238 detenidos que iban a bordo del avión habían sido trasladados a un “Centro de Confinamiento del Terrorismo” salvadoreño, donde permanecerían recluidos al menos un año.
“Ups… demasiado tarde”, escribió Bukele en una publicación en las redes sociales el domingo por la mañana, que difundió el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.
Casi al mismo tiempo, el secretario de Estado Marco Rubio, en otra publicación en las redes sociales, agradeció a Bukele un largo mensaje en el que detallaba el encarcelamiento de los migrantes.
“Esto claramente me parece desacato al tribunal”, dijo David Super, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown. “Puedes dar la vuelta a un avión si quieres”.
Algunos detalles de las acciones del gobierno seguían sin estar claros, como la hora exacta en la que aterrizaron los aviones. En un escrito presentado el domingo por la tarde, el gobierno de Trump dijo que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional fueron “notificados sin demora” de la orden por escrito del juez cuando se publicó en el registro electrónico a las 7:26 p. m., hora del este, del sábado. El escrito daba a entender que el gobierno tenía una autoridad legal diferente para deportar a los venezolanos además de la que bloqueó el juez, lo que podría proporcionarles una base para que se queden en El Salvador mientras la orden es apelada.
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