Un juez federal permaneció el lunes en vigor su fallo que prohíbe al gobierno de Trump utilizar un poderoso estatuto de tiempos de guerra para deportar sumariamente a un grupo de inmigrantes venezolanos a quienes los funcionarios han acusado de ser miembros de una pandilla callejera violenta.
En una orden de 37 páginas, el juez, James E. Boasberg, dijo que la orden debería permanecer vigente para que los inmigrantes venezolanos puedan tener la oportunidad de desafiar las acusaciones de que pertenecen a la pandilla Tren de Aragua, antes de que la administración Trump pueda sacarlos del país bajo la ley de tiempos de guerra conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros.
La Ley de Enemigos Extranjeros, escribió el juez Boasberg, “podría decirse que prevé que a quienes quedan atrapados en su red se les debe dar la oportunidad de solicitar dicha revisión”.
El juez Boasberg, quien se desempeña como juez principal del Tribunal Federal del Distrito de Washington, emitió una orden inicial el 15 de marzo que prohíbe temporalmente al gobierno utilizar la ley para deportar a decenas de venezolanos a una prisión en El Salvador con poco o ningún debido proceso.
Aunque el Sr. Trump y sus aliados han acusado al juez Boasberg de excederse en su autoridad al entrometerse en la prerrogativa del presidente de conducir los asuntos exteriores, la pregunta central del caso es si el propio Trump se extralimitó al ignorar varias disposiciones establecidas en el texto de la ley sobre cómo deben manejarse las deportaciones.
La ley, aprobada en 1798, otorga al gobierno amplia libertad durante una invasión o un período de guerra para acorralar sumariamente a los súbditos de una “nación hostil” que sean mayores de 14 años y expulsarlos del país como “enemigos extranjeros”.
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