Tras una semana de la deportación de 261 inmigrantes de EE.UU. a El Salvador, las preguntas sobre el proceso judicial que seguirán permanecen sin respuestas. Varios expertos consultados por CNN advierten que los detenidos están en una especie de limbo jurídico y sin una verdadera protección legal.
“La Constitución salvadoreña no ha previsto esta situación, pero además no hay ninguna ley que autorice al sistema carcelario a recibir detenidos, procesados o condenados de otras nacionalidades, lo que deja a los deportados en un limbo, porque no se sabe bajo jurisdicción de qué Estado están, si de EE.UU., que fue el país que los detuvo, o del Estado salvadoreño porque físicamente están en su territorio”, dijo a CNN el abogado constitucionalista Enrique Anaya.
Los detenidos llegaron en un vuelo el 16 de marzo al aeropuerto internacional de El Salvador y fueron trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), la prisión más grande del país, con capacidad para 40.000 reos y conocida por sus precarias condiciones de reclusión.
Sin el debido proceso
Según el Gobierno de EE.UU., algunos de los deportados son presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) dijo en una declaración ante un tribunal federal que hubo una evaluación cuidadosa de las afiliaciones a pandillas de los 261 deportados y que brindaron amplias descripciones de los delitos por los que fueron arrestados.
Los detenidos, cuyos nombres no han sido divulgados oficialmente, no han sido acusados formalmente en tribunal alguno ni condenados. Sin embargo, algunos familiares han reconocido a algunos de los deportados en los videos del traslado a El Salvador y aseguraron a CNN que no tienen vinculación con el Tren de Aragua.
Este domingo, Tom Homan, el “zar de la frontera” de EE.UU., rechazó las críticas al procedimiento de deportación de los venezolanos a El Salvador. “¿El debido proceso? ¿Cuál fue el debido proceso de Laken Riley?”, dijo Homan en “This Week” de ABC, refiriéndose a una estudiante de enfermería que fue asesinada por un inmigrante indocumentado venezolano. “¿Cuál fue el debido proceso de todas estas jóvenes que fueron asesinadas y violadas por miembros de Tren de Aragua… cuál fue su debido proceso?”, añadió Homan.
El responsable del crimen fue sometido a juicio y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos el 20 de noviembre.
Consultado sobre si algunos deportados no pertenecerían al Tren de Aragua, el presidente Donald Trump afirmó este viernes que, según le informaron, los inmigrantes “pasaron por un proceso de selección muy riguroso”.
Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) afirman que EE.UU. no presentó prueba alguna de que estas personas estuvieran vinculadas a una actividad criminal. “Ahí hay una violación básica de las obligaciones internacionales de EE.UU.”, dijo a CNN Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW.
Para su colega Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, con las deportaciones se llevaron a cabo intentos para sustraer a las personas de la jurisdicción de EE.UU. y del escrutinio judicial y público sobre violaciones a derechos humanos y agregó que, al encerrarlas en el Cecot, “quedan desconectadas del resto del mundo, sin comunicación con sus familiares, sus abogados, ni ningún recurso legal para intentar garantizar la defensa de sus derechos”.
Esto deja a los deportados en una situación “que no es posible verificar por autoridades independientes ni de Estados Unidos ni de El Salvador”, señala David Morales, jefe jurídico de la organización de derechos humanos Cristosal.
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