En una acción jurídica sin precedentes, el profesor universitario y jurista experto en derechos humanos y políticas anticorrupción, Robert Carmona-Borjas, actuando en representación de la Fundación Arcadia, y en su calidad de víctima reconocida formalmente en el proceso denominado «Situación Venezuela I«, ha elevado en la mañana de ayer una rigurosa petición ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI). El documento, titulado «Integridad Judicial en Peligro,» constituye un reclamo formal para que dicha Sala realice inmediatamente una revisión de oficio del grave conflicto de interés en el que se encuentra el Fiscal Karim Khan, encargado de la investigación sobre Venezuela.
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Este conflicto no es un hecho trivial ni anecdótico; por el contrario, según la argumentación legal expuesta en la petición, representa una crisis institucional que amenaza severamente la legitimidad y la credibilidad de la Corte Penal Internacional como guardiana imparcial de la justicia universal. El núcleo del problema radica en la relación familiar directa entre el Fiscal Khan y la abogada Venkateswari Alagendra, quien actúa como representante legal del gobierno venezolano precisamente en la causa que Khan se encuentra investigando.
En términos simples, se trata de un caso sin precedentes donde el fiscal a cargo de perseguir crímenes de lesa humanidad en Venezuela comparte un vínculo familiar de segundo grado por afinidad con la defensa del Estado investigado. La abogada Alagendra, hermana de la esposa del Fiscal Khan, participa directamente en la defensa jurídica internacional del régimen de Nicolás Maduro, cuestionado precisamente por delitos graves bajo la jurisdicción de la CPI.
El escrito de 38 páginas presentado el día de hoy ante la oficina de Gestión de Tribunales y Registros Judiciales de la misma Corte Penal Internacional, no solo expone este vínculo familiar, sino que detalla con precisión las múltiples relaciones profesionales e incluso jerárquicas previas entre Khan y Alagendra, sustentadas en documentación oficial de casos anteriores ante la propia CPI. Tales colaboraciones previas, incluyendo las defensas de William Ruto (Kenia) y Saif al-Islam Gaddafi (Libia), revelan una interrelación profesional que traspasa la frontera de la casualidad y se instala en el terreno de la colaboración estructural y estratégica, elemento que inevitablemente compromete la percepción pública sobre la independencia del fiscal.
La petición jurídica subraya con claridad absoluta cómo este conflicto de interés no es una simple cuestión técnica, sino un riesgo existencial para la credibilidad de la Corte. En efecto, la argumentación del documento se apoya en múltiples normativas internacionales y reglas internas de la CPI que obligan explícitamente al Fiscal a abstenerse en casos donde pueda existir duda razonable sobre su imparcialidad. Con especial énfasis se citan el Artículo 42(7) del Estatuto de Roma y la Regla 34(1)(a) del Reglamento de Procedimiento y Prueba, ambas categóricas al respecto.
En un análisis detallado de derecho comparado, la pieza jurídica explica cómo las leyes nacionales venezolanas deben considerarse obligatoriamente, según lo previsto en el Artículo 21(1)(c) del Estatuto de Roma, por cuanto existe un vacío normativo tanto en dicho Estatuto como en las normas internas de la CPI y en el derecho internacional, sobre la regulación explícita de un parentesco por afinidad hasta segundo grado —exactamente el que une a Khan y Alagendra— como causa absoluta e indiscutible para la recusación judicial obligatoria e inmediata. Sin embargo, las normas venezolanas, formalmente reconocidas y plenamente aplicables según la jerarquía de fuentes de la CPI, no dejan margen alguno de interpretación que permita obviar dicho conflicto; un conflicto que diversas organizaciones no gubernamentales venezolanas y algunos abogados defensores de derechos humanos han instado a ignorar, alegando que su consideración retrasaría el avance del caso Venezuela I.
Concluye el documento con un enérgico llamado a la acción, destacando que la inacción de la Sala de Apelaciones ante esta evidencia incuestionable constituiría una negligencia ética y legal, además de un golpe devastador a la confianza pública internacional. Se subraya con énfasis que este llamado no es un acto adversarial, sino un acto de profunda responsabilidad ética y jurídica, esencial para preservar la imparcialidad de la CPI, única institución mundial que actualmente se encarga de juzgar y condenar los crímenes más atroces contra la humanidad.
En el trasfondo de esta polémica, la petición expone en detalle cómo la actuación del Fiscal Karim Khan en el caso venezolano contrasta dramáticamente con otros procedimientos llevados por su despacho. En particular, resalta cómo Khan ha postergado durante años la investigación contra el régimen venezolano, alegando una supuesta “complementariedad positiva” para justificar prolongados diálogos con Nicolás Maduro y otros altos funcionarios bajo investigación directa, mientras que, en contraste, en el reciente caso contra Israel procedió sin demora ni diálogo diplomático alguno, solicitando inmediatamente órdenes de captura contra el Primer Ministro Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra. Esta notable diferencia en el tratamiento resulta aún más inquietante si se considera que, en el caso venezolano, no solo existe una extensa documentación que acredita crímenes de lesa humanidad cometidos por años, sino también delitos calificados de crímenes de guerra, como los exhaustivamente denunciados ante la misma Corte Penal Internacional desde el año 2018 por el Diputado Walter Márquez, quien aportó pruebas sobre bombardeos indiscriminados contra civiles y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el régimen. Se destaca también el preocupante asedio perpetrado por las autoridades venezolanas contra los opositores refugiados desde hace más de un año en la Embajada de Argentina en Caracas, privadas deliberadamente de agua, alimentos y medicamentos esenciales. Esta inconsistencia tan marcada en la aplicación del principio de complementariedad refuerza las sospechas de que el comportamiento del Fiscal Khan en la situación venezolana estaría directamente influenciado por el grave conflicto de interés familiar denunciado.
La comunidad internacional observa atenta y expectante. La acción emprendida por Carmona-Borjas y la Fundación Arcadia marca un punto crítico para la CPI: una prueba determinante sobre si la justicia internacional se aplica con el mismo rigor ético que exige a los países y personas que juzga. La Sala de Apelaciones tiene en sus manos el futuro de la legitimidad del máximo tribunal penal internacional.
Hoy más que nunca, queda claro que la imparcialidad no puede depender de los caprichos personales ni de las relaciones familiares de sus más altos representantes. La justicia internacional, para ser justa, debe estar por encima de cualquier sospecha. La CPI enfrenta una decisión histórica: afirmar valientemente su independencia o arriesgarse a una pérdida irrecuperable de credibilidad y respeto internacional.
Este periódico a continuación copia el enlace al documento íntegro de la petición presentada por Robert Carmona-Borjas y la Fundación Arcadia ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, a fin de que nuestros lectores puedan constatar directamente los graves argumentos aquí reseñados y evaluar por sí mismos la trascendencia de este momento crucial para la justicia internacional.
Vía nota de prensa