Muchos garajes de la Gran Manzana no dan abasto para alojar food trucks —los característicos camiones de comida, una imagen consustancial a la ciudad— desde que la Administración de Donald Trump lanzara su ofensiva contra la inmigración irregular a finales de enero. El 96% de los 23.000 vendedores que se calcula que hay en la ciudad de Nueva York han nacido fuera de Estados Unidos, según una reciente encuesta, en la que el 57% de los vendedores de comida dijeron ser indocumentados (27%) o prefirieron no contestar (30%). Por eso los garajes, algunos del tamaño de un hangar, registran hora punta día y noche, incapaces de albergar más vehículos, mientras sus dueños afrontan el gasto extra del aparcamiento sin poder hacer caja: el miedo a ser detenidos o deportados ha retraído a muchos de las calles.
Por El País
La aplicación de la legislación que regula este sector ya se había endurecido antes de la toma de posesión de Trump por las restricciones del Ayuntamiento, mientras la concesión de permisos lleva años congelada. Pero ahora la posibilidad de ser multados por operar sin licencia puede convertirlos además en objetivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La organización sin ánimo de lucro Street Vendor Project ha pedido al Ayuntamiento que apruebe nuevas leyes para proteger a los vendedores, incluida una para derogar la responsabilidad penal por la venta ambulante irregular y otra para levantar el límite de permisos. Sus abogados se han visto incluso obligados a escoltar a vendedores ambulantes a la corte penal por una multa de venta sin licencia.
El garaje de Sammy en Manhattan solía estar vacío por el día, mientras los 30 carritos de comida que aparcan allí recorrían las calles de la ciudad ofreciendo comida halal, perritos calientes y helados. Pero la toma de posesión de Trump cambió las tornas y confinó los carritos en el interior, ya que los propietarios y los trabajadores que los atienden han preferido sacrificar sus ingresos a exponerse en la vía pública: una simple petición de papeles podría arrastrarlos a la deportación.
Segunda generación de vendedores callejeros y con nacionalidad estadounidense, Jimmy, nombre supuesto para no dar detalles que permitan identificarle, explica la transformación del negocio. “Algunos de los vendedores con los que trabajamos desde hace años están en sus casas encerrados, demasiado asustados para salir a la calle”, explica. “Ya no dejamos la puerta abierta como antes, ahora hemos instalado cámaras para comprobar quién llama”, añade, porque el miedo a una redada se ha impuesto como realidad cotidiana.
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