Diego Cuevas
La familia Palencia Benavides no duerme tranquila desde hace un mes, el tiempo que lleva sin saber cómo está Brayan, el segundo hijo del matrimonio entre la colombiana Amine Ester y el venezolano Erly. La última noticia del joven de 24 años fue una lista: su nombre estaba entre los 238 migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador, acusados de formar parte del Tren de Aragua, la banda criminal transnacional de origen venezolano que el presidente norteamericano Donald Trump ha declarado como organización terrorista. Los padres, que viven desde hace varios años en un humilde barrio del norte de Bogotá, la capital de Colombia, son contundentes en su respuesta: “Nuestro hijo no tiene nada que ver con ninguna banda. Él es inocente y le pedimos a Trump que lo suelte”.
Por El País
Antes ser enviado a El Salvador, Brayan vivía una vida “como cualquier persona”, cuenta su hermano mayor, también llamado Erly. Ambos trabajaban en el negocio de la construcción y de remodelación. “Hacíamos domicilios y así pudimos comprar nuestras motos”, relata. Aun así, no era suficiente: Brayan tenía una responsabilidad adicional para proveer por su hija, hoy de seis años. En 2023, decidió migrar a Estados Unidos. Lo hizo por el Darién, la selva que separa Colombia de Panamá y que durante años se convirtió en la ruta más transitada para las personas que buscaban llegar a Norteamérica. “Se jodió una rodilla en el camino, pero gracias a Dios no fue mayor cosa. Lo duro fue más arriba, en Honduras: lo robaron, le quitaron todo”.
En México, Brayan consiguió un trabajo en un taller de mecánica mientras esperaba la cita del CPB One, el ahora suspendido programa de EE UU para permitir el ingreso de migrantes. Tras algunas semanas decidió entrar de manera irregular, cruzando el río Bravo, en Texas. Las autoridades estadounidenses lo detuvieron, pero lo dejaron libre a los pocos días. “Estuvo un año trabajando en la construcción en Miami (Florida) con un tío nuestro. Ahí fue despegando”, continúa Erly hijo. El pasado 30 de enero estaba asignada, por fin, su cita ante un tribunal en Los Ángeles (California) para definir su estatus migratorio. Allí fue detenido y estuvo preso durante un mes.
Erly padre cuenta que la última vez que habló con Brayan fue el 13 de marzo, tres días antes de que fuera enviado a El Salvador. “Nos había dicho que lo iban a deportar, pero él estaba seguro de que lo iban a enviar a Venezuela. Esa fue la gran mentira que le metieron”, afirma. Después de un par de días sin noticias suyas, comenzaron a dudar. “Cuando supimos que habían enviado unos aviones a El Salvador, yo sospechaba que estaba ahí, pero no tuvimos la seguridad hasta la lista”, que publicó CBS News el día 20. Allí estaba, en el número 151: Palencia-Benavides, Brayan.
La Administración Trump llevó a cabo esta operación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma promulgada en 1798, en tiempos de guerra, que prevé la expulsión de personas sin intervención judicial. A pesar de que un juez la había suspendido cautelarmente, el Tribunal Supremo avaló este lunes que el Ejecutivo la aplique. Se ha demostrado que se cometieron varios fallos. El Gobierno estadounidense admitió que deportó “por error” a un hombre salvadoreño que tenía protección judicial y se ha abierto una batalla judicial para que sea retornado. De acuerdo con el programa 60 Minutes, 75% de los deportados —175 personas— no tienen un historial criminal.
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