Siempre han seguido las reglas. Y ahora las reglas los han obligado a tomar una decisión desgarradora. Patricia y Javier González, de 63 y 66 años, hasta hace unas semanas residentes en Utah, en Estados Unidos, gracias al permiso temporal del parole humanitario, se “autodeportaron” a Venezuela dos meses después de la llegada de Donald Trump. La hostilidad contra los migrantes desplegada por el nuevo Gobierno estadounidense desde su primer día en el poder dejó a esta pareja de abuelos —que prefieren usar nombres ficticios por su seguridad y la de su familia— en un limbo legal, expuestos a una detención de los agentes migratorios, acusados de estar en el país de manera irregular y posiblemente deportados. Consumidos por el miedo de encontrarse envueltos en la maquinaria de terror migratorio que la Administración Trump ha desatado, dejaron a su hija de 42 años, Jennifer —un nombre también ficticio por protección— y a sus tres nietos, el último recién nacido, para volver a un país que abandonaron cuatro años antes.
Por El País
La llamada “autodeportación” a la que Trump anima a los migrantes, indocumentados o con permisos temporales, es una manera de pasarles la carga de tener que trasladarse de regreso a sus países. La lógica es sencilla. Si se crea un ambiente suficientemente adverso, tanto a nivel social como administrativo, algunos migrantes optarán por irse por sí mismos para ahorrarse un proceso migratorio humillante y deshumanizante. De paso, las autoridades se ahorran el esfuerzo y costo de localizar, detener y expulsar al migrante que opte por esta opción. Sin aportar cifras ni pruebas, la Administración Trump asegura y celebra que el número de personas que están haciéndolo es enorme.
El Gobierno ha publicitado la aplicación CBP Home como la herramienta para hacerlo, pero los migrantes y abogados especializados no identifican ningún beneficio en usarla, y más bien ven riesgos en dar datos que más adelante podrían ser usados en su contra, incluso imposibilitando su retorno a Estados Unidos en el futuro: de tres a diez años, de acuerdo con la ley y, en algunos casos, incluso de forma indefinida. Para evitar ese escenario, los abuelos González compraron un par de tiquetes de avión y se fueron de vuelta a Venezuela.
Allí ya no tienen familia cercana, pues sus otros dos hijos varones viven en Chile desde hace varios años. Además, por diversas razones en las que por precaución prefieren no ahondar, corren riesgos de persecución política. Así que han optado por mantener un perfil bajo y no volvieron a su casa en Maracaibo, sino a otra ciudad del centro del país. Allí también es más fácil conseguir la medicación para tratar la diabetes de Patricia y un poco de familia extendida da la semblanza de una red de apoyo.
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