La lista nacional implementada desde 2020 para elegir diputados a la Asamblea Nacional (AN) es contemplada como un eslabón más en la farsa electoral del chavismo, diseñada para manipular la ley y garantizar una sobrerrepresentación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el Parlamento.
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Expertos, como Eugenio Martínez, coinciden en que este mecanismo es inconstitucional por violar principios fundamentales de la Constitución.
El Artículo 186 de la Constitución establece que los diputados deben elegirse por votación universal, directa y proporcional, basada en la población de cada estado. Sin embargo, la lista nacional, que asigna escaños fijos (48 en 2020, ampliados a 50 en 2025), no respeta esta proporcionalidad y fue impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un ente acusado de usurpar funciones legislativas.
La maniobra, que no contó con consulta popular ni reforma constitucional, se consolidó en 2020 tras un aumento arbitrario de escaños de 167 a 277, beneficiando al oficialismo en unas elecciones boicoteadas por la oposición. En 2025, el chavismo ha intentado justificar la lista incluyendo escaños por Guayana Esequiba, un añadido que sigue sin sustento legal.
Juristas advierten que la lista nacional distorsiona la voluntad popular y perpetúa el control del chavismo sobre la AN, consolidando una farsa electoral que manipula la ley a su antojo para mantenerse en el poder.